CEUTA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los abogados del capitán de la Guardia Civil procesado junto a otros quince subordinados por su actuación en la playa del Tarajal de Ceuta para contener, el 6 de febrero de 2014, la entrada de unos 300 migrantes subsaharianos, quince de los cuales fallecieron ahogados, ha solicitado a la jueza instructora de la causa "que se adjudique la representación procesal y dirección letrada a la primera acusación popular existente en el procedimiento", concretamente a "la más antigua".
Según han explicado fuentes judiciales a Europa Press, al menos otra de las defensas de los agentes se ha adherido ya a la petición, que se fundamenta en el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicha norma establece que "podrán ejercitarse expresamente las dos acciones [Civil o Penal] por una misma persona o por varias" y que "siempre que sean dos o más las que utilicen las acciones derivadas de un delito o falta lo verificarán en un solo proceso y, si fuere posible, bajo una misma dirección y representación".
Actualmente, además de la Fiscalía --que ha solicitado el sobreseimiento de las diligencias--, están personadas en la causa la Asociación Comité René Cassin, Sociedad Humana, Coordinadora de Barrios, Observatorio de Drets Humans, Pro Derechos Humanos de España y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad ya aceptó en marzo una solicitud del mismo tenor, aunque su auto fue recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz, que todavía no se ha pronunciado. Las defensas de los guardias han recordado en los escritos presentados esta semana para incidir en su solicitud que "los recursos de reforma y apelación no suspenderán el curso del procedimiento, por lo que procede lo adverado por esta parte".
Fuentes de las acusaciones populares han recordado que líneas de actuación y enfoques procesales "no son los mismos", por lo que de acuerdo con la jurisprudencia del Constitucional no procedería su unificación.
La magistrada instructora dictó el pasado 24 de septiembre un auto de preparación de juicio oral por la vía del procedimiento abreviado contra los 16 guardias civiles que han reconocido que la madrugada de los hechos hicieron uso de sus armas largas con bocachas adaptadas para contener a los migrantes. Se les imputan presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y de denegación de auxilio y se han archivado los de lesiones y prevaricación.
