CEUTA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Educación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma que preside Juan Vivas (PP) mantienen a más de cien niños con entre 5 y 17 años de edad sin escolarizar en Ceuta, donde la Asociación por la Dignidad de Mujeres y Niños (Digmun) atiende a 38 de ellos de lunes a viernes en un local que le cede una entidad vecinal. Otros 77 son Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) tutelados por la Administración local en el Centro 'La Esperanza', donde solo 37 de los 114 acogidos está escolarizado.
Digmun ha denunciado al Defensor del Pueblo que, aunque en la legislación vigente y en la Convención de los Derechos de la Infancia, ratificada por España en 1990, se recoge "la obligatoriedad para los gobiernos de garantizar la educación obligatoria y gratuita a todos los niños, al menos en la enseñanza primaria", en Ceuta "la realidad no se ajusta a estos principios, vulnerándose el Derecho a la Educación de los hijos de mujeres que trabajan en la economía sumergida y las familias que huyen de la pobreza y residen de forma efectiva aunque 'irregular' en la ciudad".
En su denuncia, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, la asociación destaca que "la dificultad para escolarizar a estos menores se ha agravado a partir de la normativa publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta en diciembre del año pasado, por la cual es necesario el permiso de residencia para poder empadronarse".
Así, reseña, "podemos encontrar situaciones completamente inverosímiles como padres o madres que están empadronados pero no sus hijos, lo que impide su escolarización". "Desde el Ministerio de Educación se niegan a reconocer la existencia de este colectivo, por lo que se priva del derecho a la Educación a un alto número de niños", completa.
Entre los 40 niños a los que Digmun intenta "dar una rutina escolar y vital con la esperanza de que un día puedan incorporarse al sistema educativo" a través del proyecto 'Integra2', se encuentran también menores "apátridas" a los que sus progenitores no inscribieron en Marruecos y tampoco pueden acceder a la nacionalidad española, y jóvenes que están con familias de Ceuta a través de la 'kafala', una figura del derecho islámico similar pero no equivalente a la adopción.
Este programa educativo tiene como "única" fuente de ingresos a la ONG 'Intervida-Educo' y únicamente puede financiar los contratos de dos monitores. Los voluntarios del Movimiento Pedagogía Ciudadana, en su mayoría estudiantes de la UGR, se encargan de impartir las clases de gimnasia y de hacer pruebas de evaluación en un servicio que según la vicepresidenta de Digmun, Paloma Manzano, "no son clases de apoyo sino un verdadero colegio, aunque no tengamos el más mínimo apoyo, ni material ni moral, que sería el más importante, de las instituciones".
El primer grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición Caballas, ha pedido al Ministerio que facilite la escolarización de los MENA de 'La Esperanza', en su mayoría con entre 14 y 17 años, en programas de Formación Profesional Básica. Actualmente se les asigna al curso que por su edad les corresponda en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) "aunque no sepan decir ni hola en castellano".
