Publicado 29/11/2019 14:43

El Gobierno de Ceuta recupera como directores generales y asesores a seis viceconsejeros cesados por orden del TS

Imagen de archivo del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara. espera a ser atendido por el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.
Imagen de archivo del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara. espera a ser atendido por el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

CEUTA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) ha aprobado este viernes la creación de dos Direcciones Generales y cuatro puestos de "asesores delegados" para reubicar en la Administración a seis de los siete viceconsejeros que cesó hace una semana para cumplir con una sentencia del Supremo que dictaminó inconstitucional la presencia de no electos en el Ejecutivo regional.

Según ha detallado el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán (PP), el objetivo de estos nombramientos es que la "estructura" del Ejecutivo local no quede "debilitada" por la pérdida de siete miembros.

Alfonso Conejo y Alejandro Ramírez serán nombrados directores generales de Medio Ambiente y de Economía, Comercio y Turismo, respectivamente. El resto de los recolocados (José Luis Fernández Medina, Adela Nieto, Benjamín Álvarez y Mina Mohamed), se integrarán en la plantilla de la Ciudad como personal eventual en calidad de "asesores delegados". María del Mar Sánchez, exviceconsejera de Presidencia, es la única de los cesados que no volverá a la Administración.

UGT, sindicato al que el Supremo dio la razón en el caso de los no electos, mantiene vivas en los juzgados varias demandas contra el, a su juicio, "desorbitado" número de direcciones generales (15 que desde ahora serán 17) y trabajadores eventuales que sostiene el Gobierno de la Ciudad, al que ha acusado de obrar como una "agencia de colocación" de los cargos políticos que han perdido sus puestos en la Administración General del Estado "por el devenir electoral".

El Ejecutivo local considera, sin embargo, que tras la última sentencia del Supremo queda "reforzada" su capacidad de autoorganización sin necesidad de someterse a nada más que a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de 1995 y a sus Reglamentos de desarrollo, pero no, por ejemplo, a la Ley de Bases de Régimen Local que limita el número de asesores de las entidades municipales en función de su tamaño y otros criterios.

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