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    El Gobierno de Melilla (PP) rechaza las críticas a la contratación del marido de la fiscal jefe Isabel Martín

    MELILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

    El Gobierno de Melilla (PP) ha asegurado que el marido de la hasta ahora fiscal jefe de Melilla, María Isabel Martín López, es uno de los 40 técnicos que ha contratado la Ciudad Autónoma, y niega por ello trato de favor, después de que CPM haya pedido que se investiguen los contratos "a dedo" que se le conceden desde la Ciudad Autónoma a la pareja de la fiscal.

    La aclaración del Ejecutivo melillense llega después de que la vicepresidenta segunda de la Asamblea y diputada de CPM, Dunia Almansouri Umpiérez, haya recordado que María Isabel Martín, que el 1 de octubre cesará en Melilla e irá destinada a Madrid como fiscal en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, "fue la que solicitó 231 años de cárcel para una treintena de dirigentes de PSOE y CPM por la presunta compra de votos en las elecciones generales de 2008".

    Un hecho que se produjo además en una causa en la que el PP ejerce como acusación particular y que en las próximas semanas se conocerá su sentencia. La crítica del principal partido de la oposición ha tenido lugar después de que la consejera de Presidencia Paz Velázquez (PP) haya publicado una foto de Isabel Martín con varios miembros del Gobierno, entre ellos su presidente, Juan José Imbroda (PP), tras una comida de despedida.

    Para el portavoz del Gobierno melillense, Manuel Ángel Quevedo (PP), el esposo de la fiscal jefe "es uno más" de los 40 técnicos a los que la Ciudad Autónoma contrata, según CPM en el caso por 50.000 euros durante el primer cuatrimestre de 2018 en varios contratos menores.

    Quevedo ha defendido que no se penalice a un profesional, en este caso un arquitecto, por cuestiones familiares al subrayar que "no se debe premiar ni eliminar a alguien que pueda desarrollar su trabajo profesional por ser familiar de nadie".

    El portavoz gubernamental ha criticado que CPM recurra a cuestiones familiares para ejercer su acción política, y ha destacado que los familiares tienen todo el derecho a trabajar "como los demás".

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