CEUTA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comisión Gestora de CSIF en Ceuta, Malika Al-Lal, que también es vicesecretaria del PP de la ciudad autónoma, ha denunciado este fin de semana la "usurpación" de su identidad en una denuncia contra el presidente autonómico, Juan Vivas (PP), y uno de sus consejeros, Emilio Carreira, que ha sido citado a declarar por el Juzgado de Instrucción número 5 local como investigado por la comisión de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Representantes de UGT, CCOO y CSIF, las tres centrales del Comité de Empresa de Trace, la concesionaria desde 2013 del servicio de limpieza pública viaria de Ceuta, presentaron el pasado 17 de octubre una denuncia contra Vivas y Carreira por ambos supuestos delitos en la tramitación de una encomienda de gestión a Tragsa para efectuar labores de limpieza sin que esta empresa pública fuese "medio propio" de la Administración e incurriendo, según los sindicatos, en un pago doble por el mismo trabajo.
Según Al-Lal, "como presidenta de la Gestora de CSIF bajo ninguna circunstancia he conocido, autorizado y firmado la referida denuncia", por lo que ha anunciado que ha emprendido acciones legales "contra la persona o personas que han hecho un uso indebido del sello identificativo del sindicato y una usurpación de mi persona".
En otro comunicado, los delegados de UGT y CCOO han lamentado que "no alcanzamos a comprender cómo la máxima dirigente de un sindicato puede ser la 'número 3' del partido gobernante en la ciudad ni qué credibilidad puede ofrecer a sus afiliados". "Debería estar en una parte o en otra", han reclamado a Al-Lal.
El Consejo de Gobierno de Ceuta aprobó el 24 de marzo del año pasado a propuesta del entonces titular de Medio Ambiente, Emilio Carreira, que ahora lleva el Área de Turismo, un convenio marco con Tragsa para convertir a esa empresa pública en "el nuevo adalid de la ejecución de obra, servicios y asistencia técnica en la Ciudad Autónoma mediante el sistema de la encomienda de gestión".
En primer lugar, los sindicatos consideran que la legislación exige que ese sistema se establezca con un "medio propio". Según alertan, "es obvio que la Ciudad Autónoma es una entidad local, un mero ayuntamiento, como el Tribunal Constitucional y el TSJA han dejado patentizado en innumerables ocasiones".
Si así fuera "no puede adquirir capital social de Tragsa" y, por tanto, tenerla como medio propio. "Sin embargo, con la habitual gallardía que caracteriza a nuestro Ayuntamiento, en la Consejería consta expediente relativo a adquisición de una acción de Tragsa el 18 de septiembre sin que conste publicación en el Bocce", añade la denuncia.
Dos meses antes, el 18 de julio, el Boletín Oficial dio cuenta de una encomienda con 1,5 millones de presupuesto para encargar a Tragsa "actuaciones de adecentamiento de diversas zonas de la ciudad" durante seis meses, encargo ampliado para todo 2018.
"Realmente no se sabe por qué le da el Ayuntamiento 1,5 millones a la mercantil fuera de todo procedimiento de licitación, dado que no es medio propio y mucho menos puede ser accionista de Tragsa", consideran los sindicatos, que "intuían" que haría "alguna supuesta actuación relativa a las competencias de la Consejería en cuanto a la protección del Medio Ambiente y conservación del Patrimonio Natural".
Sin embargo, como dicen "demostrar" en un reportaje fotográfico adjunto, "parte de las actuaciones están destinadas a tareas relativas a limpieza pública viaria, para la que el ayuntamiento ya tiene concedido el contrato a Trace".
Así, "parece ser que, en virtud de una encomienda de gestión de muy dudosa legalidad, se están utilizando medios materiales y humanos para la realización de tareas que poco o nada tienen que ver, por lo que es obvio que habría que investigar estos hechos por si fuesen constitutivos de delito". Según los sindicatos, "todos los trabajadores integrantes del comité de empresa de Trace" son "testigos" de que Tragsa hace o ha hecho "tareas de limpieza pública viaria".
