CEUTA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Gobernación del Ejecutivo de Ceuta, Jacob Hachuel (PP), firmará durante los próximos días un "protocolo de colaboración" con la Autoridad Portuaria de la ciudad autónoma para "dar cobertura" y erradicar "cualquier posible vacío legal" sobre la actuación de los agentes de la Policía Local en los terrenos que dependen del organismo estatal, que esta semana se ha visto obligado a cerrar dos de las tres puertas de la Estación Marítima para poder garantizar la integridad de los viajeros y las personas que trabajan en su interior.
La Autoridad Portuaria de Ceuta cuenta con 55 agentes propios y calcula que necesitaría "veinte" más, pero de momento solo ha conseguido autorización de Puertos del Estado para incorporar a cuatro. Su presidente, Rafael Rodríguez, ha tildado de "obsesión" la lucha contra la sensación de "inseguridad" en el entorno portuario.
Los "reiterados incidentes de intimidaciones a excursionistas, pasajeros, usuarios, y muy especialmente a trabajadoras en la zona de los aseos", han llevado a la Autoridad Portuaria a cerrar de forma "temporal" pero indefinida los accesos laterales a la Estación Marítima "para así controlar de forma efectiva un único punto de entrada y salida".
El nuevo protocolo de colaboración prevé que los policías locales harán "una actuación permanente sobre las personas y las cosas" en terrenos portuarios salvo en las zonas de "jurisdicción exclusiva" del Puerto, siempre sobre "los principios de colaboración, cooperación y coordinación recíproca y auxilio mutuo con la Policía Portuaria".
El documento considera que aunque "la ley establece que los Cuerpos de Policía Local sólo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo", dado que "el Puerto de Ceuta forma parte del término municipal de la ciudad autónoma", las actuaciones de los agentes de la Policía Local dentro del mismo "están amparadas por dicho precepto".
Los tres sindicatos representativos en la Administración autonómica (UGT, CCOO y CSIF) han coincidido en rechazar la firma del protocolo tanto por reparos jurídicos como por que la Ciudad Autónoma vaya a "regalarle a la Autoridad Portuaria servicios de vigilancia de sus instalaciones, control de tráfico, etcétera, a costa del bolsillo de los ceutíes cuando tiene su propia Policía Portuaria y los temas de seguridad ciudadana son competencia de Policía Nacional y Guardia Civil".
UGT ha avanzado que se opondrá "frontalmente a este disparate" porque "supone una invasión injustificada de competencias, una dilapidación de fondos públicos de la Ciudad en servicios que no les corresponden y una inseguridad jurídica inasumible para los agentes de la Policía Local".
El protocolo divide la zona portuaria a efectos operativos en "espacios de acceso restringido" y "abiertos al uso general". En el primer caso, la actuación de la Policía Local solo tendría "carácter puntual" y podría iniciarse "de oficio o a requerimiento de la Autoridad Portuaria". Las actuaciones de oficio exigirían "comunicación previa" al Puerto, que en caso de tomar la iniciativa para pedir apoyo debería llamar al 112.
En relación con la zona de libre acceso se precisa que "no deja de pertenecer al dominio público portuario y de estar sujeta a un régimen jurídico especial que, si bien no impide el ejercicio de las competencias que correspondan a otras administraciones, sí exige informar a la Autoridad Portuaria de los hechos que se produzcan en la misma".
