CEUTA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sección de Ingeniería e Informática Forense de la Comisaría General de Policía Científica de la Policía Nacional no ha conseguido acceder al teléfono móvil y la tableta que se intervinieron al ex diputado autonómico del PP, ex viceconsejero y ex gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (Emvicesa) Antonio López, el principal investigado en la macrocausa que desde 2015 se instruye en la ciudad autónoma para intentar esclarecer la existencia de una trama dedicada a la adjudicación irregular de viviendas de protección oficial a cambio de dinero o favores.
En su informe sobre los dispositivos informáticos y móviles incautados a López el 14 de febrero del año pasado, cuando fue detenido en Marbella (Málaga), la Unidad Central de Criminalística explica sobre el Iphone y el Ipad que portaba el investigado que ambos "se encuentran bloqueados con un código de acceso", y que "resulta imposible acceder a la información contenida en su interior con las herramientas disponibles actualmente en la Sección".
El documento, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, no aclara si la clave (6969) que facilitó López en sede judicial al día siguiente de su detención, cuando también autorizó a acceder a todos sus archivos y carpetas, era errónea.
No se han encontrado novedades relevantes para el caso en los lápices electrónicos y otros teléfonos y tarjetas SIM incautadas en el domicilio del antiguo miembro del Ejecutivo autonómico, que pasó más de 13 meses en prisión provisional investigado por la presunta comisión de delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
La causa suma --sin contar otra pieza separada por tráfico de influencias-- más de 60 investigados, y todas las partes consultadas por Europa Press esperan que la jueza que ha llevado sus riendas desde 2015 emita su auto de Procedimiento Abreviado en los próximos días, antes de que, el 7 de octubre, venza el plazo de instrucción de 18 meses que empezó a correr en abril del año pasado, cuando levantó el secreto de sumario.
Entre los imputados se cuentan dos ex consejeras del Gobierno autonómico que detuvieron pocos días después de ser detenidas, las que entonces eran titulares de Fomento y Asuntos Sociales, Susana Román y Rabea Mohamed; el que fuera líder de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali (Caballas); y el ex secretario general del PSOE, José Antonio Carracao, todos ellos como miembros de la Comisión Local de la Vivienda, órgano al que se responsabiliza de no haber actuado con la diligencia necesaria para evitar la presunta corrupción extendida alrededor de las VPO.
Una parte de los investigados son, además, testigos clave de la acusación, ya que aseveran que pagaron dinero a López o alguno de sus 'conseguidores' para hacerse con viviendas protegidas en la ciudad al margen de los procedimientos ordinarios.
Distintas fuentes judiciales han augurado que la vista oral no se celebrará, en el mejor de los casos ante la avalancha de recursos que se presume, hasta 2020. La Audiencia Provincial también deberá dilucidar si tendrá que ser un jurado popular o uno profesional el que juzgue a los acusados, o si habrá que despiezar las imputaciones con el cohecho por un lado y el resto de supuestos delitos por otro.
