CEUTA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha ordenado continuar por los trámites del procedimiento abreviado y procesar al exconsejero de Gobernación del Ejecutivo autonómico, Jacob Hachuel (PP), por archivar el expediente disciplinario abierto a dos policías locales después de que fuesen condenados por el Tribunal Supremo como autores en 2005 de un delito de lesiones con agravante de abuso de superioridad sobre un sexagenario que pasó cuatro días hospitalizado y dos meses impedido.
En el auto en el que estima íntegramente el recurso de la familia de la víctima contra el sobreseimiento de las diligencias, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, la sala dice que en el juicio oral por prevaricación deberá dirimirse si Hachuel obró como lo hizo en "un despropósito continuado por dejadez", por "ignorancia en aspectos administrativos esenciales de la ciudad" o por "la voluntad deliberada de salvaguardar" a los agentes.
En este último caso entiende que habría que determinar si el que fuera consejero hasta mayo de 2019 "fue realmente consciente de ello" o "utilizado por terceros que se han valido de él como un instrumento".
La Audiencia aprecia que en enero de 2016, al dar carpetazo al expediente en vez de imponer una sanción de separación del servicio o de suspensión de funciones entre tres y seis años, se consumó "una resolución administrativa netamente errónea". "No es que se adoptase un acuerdo más o menos acertado en el procedimiento disciplinario incoado, sino que nunca se llegó a analizar siquiera lo que podía ser objeto de infracción, cerrando el paso, además, a cualquier posible sanción tanto por el investigado como por cualquier otro órgano", remarca.
El auto pone de relieve que Hachuel "no sólo no ofreció una explicación lógica a su actuación, sino que ni siquiera ha mantenido la misma postura todas las veces que ha declarado". "No se ha tomado en consideración que el acto administrativo final del investigado", advierte la sala, "pudiera estar propiciado o preparado de alguna manera por terceros que fueran conscientes de que se estuvieran apartando de las normas aplicables y que se hubieran puesto acuerdo con aquél o que este último, simplemente, se adhiriese a ello con posterioridad, culminándose el ejercicio arbitrario de la potestad administrativa, aunque hubiera intervenido materialmente limitándose a poner su firma".
La resolución no ve fácil intuir "un mero error", pues advierte que "es muy relevante el apartamiento de lo que tenía que ser la finalidad del procedimiento disciplinario, sobre todo cuando ni siquiera se sigue exactamente la misma línea de la propuesta de resolución del instructor".
"Se utiliza para cerrarlo incluso un término ('sobreseimiento') que era ajeno a esa última y que no deja de ser llamativo en una resolución de ese tipo, sin que se llegara a ofrecer razón alguna de su uso, lo que apunta a una actuación más tendenciosa que a la imparcialidad que debe presidir la labor administrativa", añade.
