El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla no ve delito en las contrataciones realizadas desde los años 2002 a 2014
MELILLA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa que afectaba en Melilla 21 personas relacionadas del delito de prevaricación administrativa, entre ellos tres exconsejeros y dos exviceconsejeros del anterior Gobierno del PP.
Según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la denuncia había partido del Ministerio Fiscal, la sociedad pública Proyecto Melilla SA (Promesa), el sindicato Manos Limpias y del ex secretario general del PSOE melillense, Dionisio Muñoz Pérez.
En el auto judicial, la magistrada no ve irregularidades en la contratación de servicios prestados por Eulen Seguridad a varios organismos de la Ciudad Autónoma, en concreto la Consejería de Seguridad Ciudadana, la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, el Patronato de Turismo y 'Proyecto Melilla SA' (Promesa), en el llamado 'Caso Ópera'.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 recoge que "dadas las diligencias de investigación practicadas, la evidente ausencia de indicios que justifiquen la perpetración del delito objeto de las presentes actuaciones, como lo evidencia el escrito del Ministerio Fiscal de 17-1-2019, por lo expuesto cabe afirmar que de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones".
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
En los razonamientos jurídicos, se expone que los denunciantes cuestionaban la legalidad de la tramitación para la celebración de contratos relativos Eulen Seguridad SLU y la Consejería de Seguridad de Ciudadana de la Ciudad Autónoma durante los años 2004 a 2012, con el lapso temporal de 2006-2007 y la alteración de las condiciones de los pliegos de dichas contrataciones para favorecer y beneficiar a Eulen, a sus responsables, a responsables de la Ciudad Autónoma.
También se señalaban la sobrefacturación de servicios no prestados y desvío de fondos públicos con presentación de facturas falsas sin previa aprobación de gastos para su abono, aludiendo a la existencia de tráfico de influencias y concierto previo entre representantes de Eulen y responsables de la Ciudad Autónoma con base a la documentación incautada en la entrada y registro realizada el 24-2-2014 a la entidad Eulen SA en Melilla y Madrid, y los correos electrónicos incautados en dicha intervención policial.
Asimismo, se reflejaban respecto del Contrato de mantenimiento del saneamiento y limpieza con el Patronato de Turismo, en el que se habrían producido, presuntamente idénticas irregularidades. Se alude además a todo un conjunto de irregularidades en la contratación pública relativa a la adjudicación del Servicio de Mantenimiento del Servicio de Emergencias de la Ciudad Autónoma de Melilla 112 entre la empresa 'Telefónica SA' y la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de la Ciudad.
NO HAY DELITO
Sin embargo, el Juzgado de Instrucción ha concluido que ninguna de las 21 personas procesadas ha cometido el delito de prevaricación administrativa por el que fueron denunciados y por ello decreta el sobreseimiento provisional de la presente causa, procediéndose al archivo de estas actuaciones.
Entre las personas a las que beneficia este sobreseimiento están dos exconsejeros de Seguridad Ciudadana de Melilla como Ramón Antón (ya fallecido) y Francisco Javier Calderón, y uno de Hacienda, Guillermo Frías; dos exviceconsejeros, Javier Mateo de Turismo y José María López Bueno de Empleo, todos ellos pertenecientes al Partido Popular (PP); la gerente de Promesa Carolina Gorgé o el ex director general de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo o responsables de Eulen que habían sido procesados.
