MELILLA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -
El voto a favor de un diputado expulsado de Vox ha sido decisivo este sábado para que el gobierno melillense de coalición de PSOE, Cs y CPM haya aprobado los Presupuestos de Melilla, en una sesión bronca por la expulsión del salón de plenos de unos 25 policías locales que solicitaban la equiparación salarial y por la decisión del único diputado que le queda a Vox de no levantarse de su asiento durante el minuto de silencio que se guardó en la Asamblea por la última víctima de violencia de género.
En un pleno marcado por la polémica, el Ejecutivo tripartito que preside Eduardo de Castro (Cs) ha podido sacar adelante las cuentas por un total de 292 millones de euros para el ejercicio 2020 gracias al voto decisivo de Jesús Delgado Aboy, hasta ahora líder de Vox en Melilla y que desde esta semana ha sido reconocido como "diputado no adscrito" después de que su formación tramitara su expulsión por las presuntas irregularidades cometidas tanto en su agrupación local como durante su presidencia en el Colegio de Médicos de Melilla y tras destaparse unas grabaciones en las que Delgado criticaba a los dirigentes de Vox España Santiago Abascal y Javier Ortega-Smith.
El Gobierno melillense tuvo que afrontar una sesión en la que contó con un diputado menos por ausencia de un parlamentario de CPM, Mohamed Ahmed, una situación que pudo superar por la decisión del ex de Vox y ahora "diputado no adscrito" Jesús Delgado Aboy, con el que sumó los 13 votos que dan mayoría absoluta, frente al voto en contra de los 10 diputados del PP y uno con el que se ha quedado Vox, que ha perdido su grupo parlamentario y pasa al grupo mixto.
La aprobación de los Presupuestos Generales de Melilla se ha producido en un pleno marcado por bronca que se inició nada más comenzar la reunión plenaria por la postura adoptada por el único diputado con el cuenta a partir de ahora Vox, Juan Carlos Escoz, que no se levantó de su asiento mientras los demás miembros de la Asamblea (PP, CPM, PSOE, Cs y el diputado no adscrito) siguieron en pie el minuto de silencio en memoria de la última víctima de violencia de género.
Esta situación originó un enfrentamiento entre la bancada del Ejecutivo y el principal partido de la oposición cuando los gobernantes criticaron al PP que no recriminara públicamente al diputado de Vox su "falta de respeto" a las víctimas machistas.
Posteriormente, la polémica se trasladó a los asientos del público, que fue ocupado en su mayoría por un grupo numeroso de policías locales, unos 25, que protestaban y aplaudían las intervenciones en las que cada grupo se posicionaba sobre la petición de los populares de exigir que se cumpliera el acuerdo firmado antes de las elecciones autonómicas con los sindicatos para la equiparación salarial de este colectivo.
El presidente de la Ciudad, en su condición de máximo responsable de la Asamblea, ordenó a las fuerzas de seguridad el desalojo de los agentes, que iban vestidos con camisetas conmemorativas en las que expresaban su reivindicación de una subida de 120 euros mensuales. El desalojo fue realizado entre alguna protesta pero de forma pacífica.
