6 de julio de 2020
28 de enero de 2006

El Plan de Contingencia por Contaminación Marina Accidental de Canarias reflejará las peculiaridades de cada isla

Santa Cruz de Tenerife, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Plan Específico por Contaminación Marina Accidental de Canarias (PECMAR) que se pondrá en marcha en marzo incluirá diferentes respuestas de protección ajustadas a las peculiaridades de cada una de las islas, además de determinar las competencias que corresponden a los sectores implicados ante aquellos episodios de contaminación del medio natural que puedan afectar al litoral canario, informó el director general de Medio Ambiente, Juan Carlos Moreno, tras una reunión de trabajo que mantuvo durante toda la jornada de ayer con representantes estatales para el avance definitivo del documento, que aprobará en breve el Gobierno de Canarias.

El PECMAR, que fue analizado por miembros del Centro para la Prevención y Lucha contra la Contaminación Marina y del Litoral, responde a la demanda del Gobierno de Canarias de dotarse de un instrumento de respuesta ante una posible emergencia por contaminación marina accidental en las aguas próximas al archipiélago.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial considera, no obstante, definitivo este avance, ya que entiende la necesidad de que las islas cuenten con una herramienta de estas características reforzada, además por las declaraciones recientes de Canarias como Zona Marítima Especialmente Sensible (ZMES). Juan Carlos Moreno apuntó que esta declaración implica que los barcos con cargas peligrosas sólo pueden pasar por los pasillos creados fuera de las doce millas establecidas.

En la reunión, además, se determinaron los puntos de ubicación de los sistemas de radar y de seguimiento del tránsito de los buques por los dos pasillos definidos por las ZMES, equidistantes entre Tenerife y Gran Canarias y entre esta última isla y Fuerteventura.

El objetivo principal del plan es definir y coordinar las actuaciones de los diferentes agentes implicados, tanto de las administraciones locales, autonómica y estatal, como de instituciones públicas y privadas, para la obtención del máximo rendimiento a la hora de hacer frente a la contaminación provocada por un accidente en las aguas canarias.