SANTA CRUZ DE LA PALMA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
Más de 3.000 farolas de la isla despilfarran luz. Este derroche energético, además de incrementar la contaminación lumínica, supone nada menos que un gasto de aproximadamente 240.000 euros al año a las arcas de los catorce ayuntamientos de La Palma.
Desde el Cabildo, debido a esta situación, se reclama al gobierno español un segundo plan de adaptación del alumbrado público de la isla a la Ley de Protección Astronómica.
Los municipios necesitan dos millones de euros para ajustar toda la luminaria pública a las exigencias de la disposición estatal promulgada en 1987, única en España, destinada a preservar la transparencia del cielo de la isla.
El tendido está formado por unos 9.000 puntos de luz. Más de un 30 por ciento del alumbrado no ha sido todavía acomodado a la normativa.
La adaptación consiste en reemplazar la luminaria antigua, instalada en algunos casos hace 30 años, por otra con bombillas de sodio de baja presión. Según fuentes de la Oficina Técnica de la Calidad del Cielo (OTPC) del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la puesta al día permitiría un ahorro anual de unos 240.000 euros en la factura del consumo de energía eléctrica.
El presidente del Cabildo, José Luis Perestelo, informó que en las reuniones del consejo rector del IAC, la contaminación lumínica es un tema recurrente. Por ello, este organismo ha solicitado a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias que inste al Gobierno de España el acuerdo de otro plan de colaboración encaminado a adaptar los alumbrados públicos a la citada ordenanza.
En La Palma se lleva a cabo un seguimiento estricto de la Ley del Cielo. Según un portavoz del IAC, los controles son continuos, aunque reconoció que las mediciones de la polución lumínica se vieron interrumpidas hace dos años por una avería. Matizó que "una cosa son los controles, que nunca se han dejado de realizar, y otra las mediciones".
La isla quiere ser la primera reserva celestial del planeta: el consorcio insular de la Biosfera ha iniciado las gestiones ante la UNESCO para conseguir un título ambiental de las descritas características, desplegando una campaña diplomática al más alto nivel.
En 1994 se hizo un inventario de los puntos de luz más conflictivos y contaminantes. Los trabajos de adaptación de esa fase duraron dos años. La partida de 1,8 millones de euros, facilitada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, no fue suficiente para reajustar todo el alumbrado público de La Palma.
Desde hace una década sólo se sustituye la luminaria que, por vetusta, es preciso renovar. La vida media de estas instalaciones oscila entre 20 y 30 años.
