MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) propuso ayer, en la presentación del informe 'La contribución de las universidades españolas al desarrollo', establecer un nuevo "marco legal general de mínimos que permita una flexibilidad para que cada universidad tenga un modelo propio, ya que la excesiva uniformidad impide la iniciativa". Este nuevo marco legal haría frente al "relativo agotamiento" que presenta el actual sistema universitario para contribuir a las necesidades del sistema productivo y al desarrollo económico de España.
El informe, que esta tarde dará a conocer oficialmente la presidenta de la Fundación CYD, Ana Patricia Botín, ante el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Industria, José Montilla, alerta de que la transferencia de tecnología de las universidades españolas a las empresas padece un "estancamiento importante".
El presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación CYD, Javier Monzón, apuntó en un almuerzo informativo que las universidades presentan "carencias muy relevantes" en la transferencia de tecnología y que las causas no sólo se deben a factores culturales, sino también a elementos estructurales "que no propician, e incluso dificultan, la transferencia de tecnología".
Así, en los aspectos tradicionales de trasmisión de conocimientos, las universidades españolas sacan buena nota, pero en los aspectos de adaptación al mercado laboral y a fomento de la investigación aplicada, las calificaciones bajan. "Las publicaciones aumentan, pero en el resto de indicadores como patentes, acuerdos de colaboración con empresas tecnológicas ó 'spin-off' los niveles son muy bajos", indicó Monzón.
La Fundación CYD propone que el nuevo marco legal de las universidades fije unos principios mínimos comunes, pero posteriormente cada universidad podrá decidir su sistema de gobierno.
"Se trata de que las universidades tengan más autonomía en el gobierno, más autonomía en la oferta de títulos, mayor diversidad, más flexibilidad en la contratación, presencia de los empleadores en el diseño de la manera de impartir las titulaciones, y flexibilidad en los precios de las carreras fijados por las propias universidades, siempre contando con un sistema de becas", expuso el coordinador general del informe, Martí Parellada.
FINANCIACIÓN VINCULADA A OBJETIVOS
Monzón añadió que las universidades deberían contar con una gestión orientada por objetivos y programas, como las empresas, y que la financiación esté vinculada a esos objetivos y a cómo se cumplen, para crear así unos incentivos en el sistema. "Después de 23 años, el modelo universitario español está agotado y hay que hacer algo para hacer frente a un conjunto de demandas como la formación continua, la transferencia de tecnología, 'spin-off', parques científicos, patentes o rentabilidad", apuntó Parellada. "El modelo se agota y es mejor que cada uno elija su modelo, establezca una gestión por objetivos y rinda cuentas", concluyó Monzón.
El "agotamiento" y el "estancamiento importante" de las universidades españolas en transferencia de tecnología se debe a que la financiación empresarial de la investigación y desarrollo (I+D) universitaria ha seguido una tendencia "decreciente en el periodo 2002-2003"; a que en el período 2001-2003 disminuyó el porcentaje de las empresas innovadoras que cooperaban con las universidades y a que los contratos y convenios gestionados por las fundaciones Universidad-Empresa fueron "sustancialmente inferiores en el año 2003 al año anterior". Además, en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se hace hincapié en que las universidades "han dejado de ser las entidades con las que las empresas cooperan en mayor número de ocasiones para ser superadas por los proveedores de dichas empresas".
En esta línea, más del 80 por ciento de las empresas no ha acudido a la universidad para llevar a cabo proyectos de investigación, y la universidad ocupa el noveno lugar entre 10 proveedores de formación considerados por las empresas, según el informe de la Fundación creada e impulsada por Ana Patricia Botín.
Además del déficit en transferencia de tecnología, las universidades españolas también presentan otro importante lastre: "un desajuste creciente en los últimos años entre la demanda de puestos de trabajo de alta cualificación y la oferta generada por los empleadores".
La inserción laboral de los universitarios se ve perjudicada, según el informe, por "la escasa movilidad, los desajustes entre la oferta y demanda de plazas o entre oferta y matriculación y la prolongación de la duración efectiva de los estudios", entre otros factores. En este último aspecto se ha observado que ha aumentado el período de tiempo necesario para completar los estudios, sobre todo, los de ciclo largo. Así, en las enseñanzas técnicas sólo siete estudiantes de cada 10.000 completan su titulación en el período establecido.
En cuanto a la movilidad, el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo destaca que sólo el 8,3 por ciento de los universitarios realiza sus estudios en una región diferente, y además en general es limítrofe, a la de su residencia familiar. "Ello, afecta, sin duda, a los desajustes entre la oferta y la demanda de plazas o entre la oferta y los niveles efectivos de matriculación", concluye.
Por el contrario, el informe señala aspectos positivos de los centros universitarios españoles como el aumento de la población potencialmente activa con estudios universitarios; el número de titulados universitarios ocupados (la tasa de paro es cinco puntos inferior a la de los que tienen estudios primarios); y una mejor adecuación de la formación con el trabajo desempeñado.
RESULTADOS SATISFACTORIOS DE LAS POLÍTICAS
Destaca como aspecto positivo la actividad investigadora en las universidades en cuanto al incremento en las publicaciones científicas y en las solicitudes de patentes, así como "los resultados razonablemente satisfactorios" del sistema de incentivos organizados por las administraciones públicas y las políticas públicas de programas de creación de empresas de 'spin-off'.
No obstante, a pesar de estas políticas públicas, la contribución de la universidades al desarrollo "no ha evolucionado suficientemente", concluye el informe, y es "necesario dotar a las universidades de instrumentos" para aumentar la autonomía, flexibilidad, disponer de un sistema universitario más diversificado y con perfiles institucionales más variados y, en consecuencia, "con una mejor adaptación a las demandas sociales, junto con una mayor presencia de la cultura de la transparencia y de la evaluación de la calidad".
