MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas pide al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que controle los gastos efectuados por los centros e institutos con cargo a los fondos a caja.
Se trata de una de las propuestas de resolución presentadas por el PP al informe de fiscalización realizado por el Alto Tribunal sobre la gestión de los gastos e ingresos de los proyectos y actividades de investigación de la agencia estatal, en colaboración con otras entidades públicas y privadas, en el ejercicio 2007, y que ha sido respaldada por todos los grupos parlamentarios.
Precisamente, a finales de noviembre cuando el presidente del CSIC, Emilio Lora Tamayo, presentó al Consejo Rector de la institución un plan de austeridad que deberá ser aplicado hasta 2015, con el objetivo de garantizar la viabilidad de la investigación en los centros y paliar el 'agujero económico' de 150 millones de euros que arrastra la agencia.
Además, la Comisión parlamentaria ha dado luz verde a otra propuesta de resolución 'popular' que insta al CSIC a corregir las deficiencias en los procedimientos de registro y control de los ingresos, garantice a su vez el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad en la contratación de personal.
Igualmente, reclama que evite el encadenamiento de contratos laborales temporales, así como ajuste su política de compras de material fungible e inventariable para proyectos de investigación, a la normativa reguladora de la contratación pública.
COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
Por otro lado, esta misma comisión ha aprobado las propuestas de resolución presentadas al informe de fiscalización que ha elaborado el Tribunal de Cuentas sobre el programa presupuestario 463B de 'Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica', del ejercicio 2005.
En ella, se exige al Gobierno que revise los expedientes de subvención y las cuentas justificativas de manera que se pongan de manifiesto las cantidades otorgadas en exceso y las no justificadas, exigiendo los reintegros que resultan procedentes, antes de que transcurra el plazo de prescripción.
De igual forma, el Parlamento pide al Ejecutivo que, a través de la Dirección General correspondiente, exija a los responsables del programa que acomoden los pagos de las subvenciones al avance real de los proyectos, evitando los saldos de tesorería que se han producido a favor de los beneficiarios y en menoscabo de la Hacienda Pública.
Finalmente, reclama al Gobierno que defina claramente los objetivos a conseguir con este Programa, acompañándolo de los correspondientes sistemas de seguimiento, información y evaluación.
