VALENCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
Unos 300 trabajadores del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) se han concentrado este jueves de 18.30 a 19.30 horas ante el Palau de la Generalitat para oponerse a la ejecución de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y defender la continuidad de la actividad del organismo, así como el desarrollo de una "política de vivienda responsable" que vele por el derecho a una vivienda digna de todos los ciudadanos.
Así lo ha señalado a Europa Press un portavoz del comité de empresa, que ha indicado que los manifestantes --entre trabajadores del Ivvsa provenientes de las tres provincias, conocidos de éstos e incluso varios diputados autonómicos--, se han reunido en la plaza de Manises con pancartas que mostraban los lemas 'No al ERE' y 'Por una vivienda digna'.
Los representantes sindicales han sido recibidos por un responsable del gabinete del presidente de la Generalitat, a quien han entregado el manifiesto que han leído al término de la protesta y le han transmitido la importancia de la "labor social" que realiza este organismo.
El presidente del comité, José Javier Balerdi, ha destacado que con la manifestación de este jueves pretendían "concienciar a la sociedad valenciana y a la administración pública" de la que depende el Ivvsa de que "en la actual situación de crisis laboral, económica y financiera es más importante e imprescindible garantizar un derecho constitucional como es el acceso a una vivienda digna".
Según Balerdi, la mejor herramienta para hacerlo en la Comunitat Valenciana es el Ivvsa dado que tiene "una plantilla profesional y experta que lleva 25 años trabajando en esta materia".
Así, ha defendido que "es imprescindible seguir trabajando en pro de la vivienda de protección pública, del fomento del alquiler ante la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios actualmente para miles de jóvenes valencianos que buscan su primera vivienda" y que el IVVSA "siga ejecutando política de vivienda social en plenitud de posibilidades" porque, de lo contrario, "la Generalitat está condenando a miles de familias a un abandono que les imposibilitará mejorar sus actuales viviendas o acceder a ellas".
Ha reivindicado, en este sentido, que "ahora más que nunca es cuando una empresa fuerte y con verdadera vocación pública ha de estar presente y a disposición de la ciudadanía para resolver los problemas de acceso a la vivienda" y contribuir así a "hacer frente a los efectos de la crisis económica y financiera, que ni buena parte de la sociedad valenciana, ni los trabajadores del IVVSA, han provocado, pero por las decisiones del Consell, estamos y vamos a padecer".
La dirección del Ivvsa informó a los trabajadores el 24 de enero de que había encargado un estudio de viabilidad a la consultora PwC y que tras conocer los resultados, les comunicarían las "futuras líneas de actuación" y la "consecuente reducción de empleo" dado que "se abría la posibilidad de presentar un ERE". En los últimos tres años, han pasado de 390 a 320 trabajadores al no renovar contratos eventuales.
De hecho, distintas informaciones publicadas recogen que el futuro ERE afectaría a dos tercios de la plantilla, a unos 200 de sus 320 trabajadores, aunque "desde esa reunión, no ha habido ningún contacto oficial ni se ha comunicado más información al comité".
Según las mismas fuentes, por ese motivo decidieron poner en marcha una serie de acciones para dar a conocer su situación y ya se han reunido con dirigentes sindicales y portavoces de los cuatro grupos con representación parlamentaria --PP, PSPV, Compromís y EUPV--.
"NO ES UNA EMPRESA PÚBLICA MÁS"
En esos encuentros, les han explicado la labor social que realiza el Ivvsa y les han pedido que "sirvan de plataforma para que se sepa que no es una empresa pública más y los problemas que podría acarrear para la sociedad valenciana que dejara de prestar ese servicio".
Además, iniciarán una ronda de contactos con "ayuntamientos que se verán afectados" por la decisión que se adopte en relación al Ivvsa para trasladarles el "peligro que supone la situación que atraviesa esta empresa pública, que en sus 25 años de historia siempre ha sido el instrumento para desarrollar la política de vivienda de la Generalitat, y eso es una obligación constitucional", ha recalcado.
