VALENCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) denunció hoy en un comunicado que Instituciones Penitenciarias (IIPP) ha creado grupos "ilegales" de control y de seguimiento de internos terroristas en la cárcel valenciana de Picassent, tanto de los pertenecientes a la banda ETA como de los relacionados con el terrorismo islamista.
Al respecto, criticaron que estos puestos de trabajo "no tienen ningún tipo de cobertura legal", y "no tienen funciones definidas ni aparecen catalogados en la relación de puestos de trabajo del centro", por lo que "es como si no existiesen", dijeron. Este hecho, por tanto, "motiva que no puedan ser cubiertos por ninguna forma legal de provisión de puestos de trabajo, y sean otorgados a dedo".
Así, lamentaron que este tipo de grupos está rodeado "de un gran ocultismo", y las afirmaciones "falsas" de la propia Secretaría General de IIPP que, en comparecencia en la Comisión de Interior del Senado, el 10 de noviembre de 2008, aseguraba que "la provisión de estos puestos, que son recientes, se ha llevado a cabo por el procedimiento de concurso, con personas motivadas y con una formación previa en esta materia tan sensible".
Al respecto, indicaron que estas afirmaciones son "falsas", y "fácilmente desmontables", desde el momento en que las plazas no están creadas y no pueden salir a concurso de méritos. Asimismo, no hay ninguna formación previa en la materia, de hecho, pese a tener que controlar a internos de ETA o islamistas "no se exige tener conocimientos de euskera o de árabe, ni ningún otro requisito", señalaron.
Estos grupos de control, de hecho, según comentaron, "trabajan en base a un manual elaborado desde la propia Secretaría General de IIPP, dejando de lado un "manual de buenas prácticas para afrontar el terrorismo islamista" elaborado en el año 2008 por un grupo de expertos de la UE. Es decir, "para hacer frente a un fenómeno global como el terrorismo islamista, no se sigue una línea común de actuación, sino que se va por libre", criticaron. Así, a este grupo de control y seguimiento se les da un curso de 20 horas, "y ya está".
Agregaron que, actualmente, no está en absoluto claro como se trata la información que se recoge sobre estos internos. Se desconoce, por tanto, si hay dado de alta un fichero para almacenar estos datos, por lo que los funcionarios que los integran podrían estar incurriendo en algún tipo de responsabilidad legal.
Otra "irregularidad" relacionada con la creación de estos grupos es que, dado que no tienen ningún tipo de cobertura legal, los funcionarios que los integran van a cobrar por desempeñar su trabajo en festivos o por las noches, cuando en realidad no los van a trabajar. Por tanto, advirtieron de que se puede estar hablando de una posible "malversación de fondos públicos" y, como tal, "se va a denunciar ante la Intervención Delegada de Hacienda".
En resumen, indicaron, la Administración penitenciaria "se salta la legalidad, creando puestos inexistentes, sin cobertura legal, sin funciones definidas, sin esclarecer como se maneja la información recogida, con posible malversación de fondos públicos". "Se crea un servicio de seguridad paralelo al existente actualmente, pero que trabaja en las sombras del sistema penitenciario", añadieron.
