Las hijas de Ponsoda, "muy dolidas", se preguntan: "Si no son culpables ellos, ¿quién es el culpable?"
ALICANTE, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La acusación particular en el 'caso Polop', Vicente Guerri, que representa a las hijas de Alejandro Ponsoda, el alcalde asesinado en 2007 a la entrada de su domicilio en esta localidad alicantina, no ha confirmado aún si recurrirá la sentencia que absuelve a los siete acusados del crimen, tras el veredicto de no culpabilidad alcanzado por un jurado, aunque ha avanzado que ve "contradicciones" y falta de claridad en los argumentos del tribunal popular.
El letrado, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que esperará a conocer la fundamentación de la sentencia de la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado, para decidir si recurre el veredicto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), aunque en un principio la intención es recurrir.
La magistrada-presidenta del tribunal del jurado dictó este martes en la misma sala de la Audiencia de Alicante la sentencia 'in voce' con la absolución de los siete acusados, de conformidad con el veredicto alcanzado momentos antes por los nueve miembros del jurado.
Vicente Guerri se ha referido a las hijas del alcalde asesinado, asegurando que "están muy dolidas", porque después de 13 años de espera --el periodo desde que se cometió el crimen hasta la celebración del juicio-- se preguntan: "Si no son culpables ellos,
¿quién es el culpable?".
Ponsoda, alcalde de la localidad alicantina de Polop (Alicante), fue tiroteado a las 21.20 horas del 19 de octubre de 2007, a las puertas de su domicilio, en la pedanía de Xirles y murió el 27 de ese mismo mes en el hospital como consecuencia de las lesiones sufridas.
Guerri, que representa a las hijas del alcalde, ha explicado que, en principio, la intención es recurrir la sentencia que absuelve al exconcejal de Urbanismo de Polop y sucesor de Ponsoda, Juan Cano; al empresario del calzado Salvador Ros; a los responsables del club Mesalina, donde según acusaciones e investigadores se urdió el crimen, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, y a los considerados presuntos sicarios: Raúl Montero Trevejo, Robert Franek y Radim Rakowski.
La acusación particular, al igual que Fiscalía, reclamaba 25 años de prisión para los cuatro acusados de ser instigadores del crimen y 27 para los considerados presuntos autores materiales del asesinato, al sumar dos años más por tenencia ilícita de armas.
Según el letrado, en el acta del jurado "no quedan del todo claras algunas de las 39 motivaciones" sometidas a consideración del tribunal popular, a la vez que ha indicado que en algunas de las argumentaciones "se observan contradicciones".
El letrado de la acusación particular ha recordado que, además, de las pruebas indiciarias, en el juicio testificó el jefe de la UCO, "que demostró, a nuestro juicio, que la investigación había sido correcta" y un testigo protegido --un portero que trabajó en 2007 en el club de alterne Mesalina--, al que se le hicieron "cientos de preguntas, sin caer en ninguna contradicción", ha dicho.
El abogado ha querido señalar la "débil" memoria de algunos testigos que declararon en instrucción "voluntariamente" una cosa y en el juicio otra diferente, "en beneficio de los acusados".
