VALENCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (AERTE), Alberto Giménez, aseguró hoy que los recortes previstos por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en las políticas sociales establecidas son un "error" y consideró que hay "indicios evidentes" y "estudios económicos sólidos" que defienden que incentivar la ley de dependencia ayudaría a reducir el déficit.
Giménez señaló en un comunicado que la "apuesta por la atención sociosanitaria profesional genera empleo y retornos económicos directos e indirectos para la administración, además de ayudar a la recuperación de otros sectores como la construcción y las infraestructuras, el alimentario o las nuevas tecnologías, entre otros".
En este sentido, el presidente de la patronal autonómica recalcó que, sólo en la Comunitat Valenciana, la adjudicación a personas en situación de Dependencia de las 4.000 plazas disponibles en la red sociosanitaria "permitiría la creación de cerca de 3.000 empleos, además de un retorno de unos 12 millones de euros para las administraciones públicas".
Como ejemplo, citó que los impuestos que recuperaría la Administración central --IVA e IRPF--, el ahorro en prestaciones por desempleo y los ingresos por la Seguridad Social de los trabajadores incorporados a la citada red serían "muy superiores" a medio plazo a la reducción prevista por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero mediante unos recortes que calificó de "poco sensibles".
Del mismo modo, Alberto Giménez se mostró partidario de que la administración "priorice" los servicios "centrándose en los grandes dependientes y dependientes severos que siguen sin recibir la atención que necesitan". Una vez atendidos con criterios profesionales y de calidad, dijo, "podremos estudiar la atención de la dependencia leve o moderada en función de los recursos disponibles y con criterios realistas y teniendo en cuenta la situación económica que vivimos".
Giménez se mostró "a favor" de que se implanten protocolos de control de la atención de las personas en situación de dependencia atendidas por cuidadores informales, al igual que se hace con los centros residenciales y/o los servicios socioasistenciales complementarios, como los centros del día, los servicios de ayuda a domicilio o la teleasistencia.
En este sentido, el portavoz de Aerte indicó que los empresarios del sector "entienden y apoyan" que personas con una dependencia leve o moderada "aboguen por mantener su independencia y/o permanecer en el entorno familiar, si bien, es necesario que exista un control sobre aquellos que prestan servicios asistenciales fuera de la órbita de los recursos profesionales".
En todo caso, Alberto Giménez criticó que esta medida "se haya intentado extender hacia las personas con dependencia severa o grave, que requieren atención especializada las 24 horas, por el simple hecho de que supone una menor inversión inicial de la Administración".
El presidente de Aerte destacó que ya existen estudios "que rechazan esta premisa de recorte presupuestario" y sostuvo que su permanencia "va en contra del articulado de la Ley" ya que, tal y como indica expresamente, "los cuidadores son una excepción aplicable únicamente ante la inexistencia de recursos profesionales".
