VALENCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
Afectados por las complicaciones provocadas por bandas gástricas implantadas para reducciones de estómago, intervenciones llevadas a cabo todas ellas por el cirujano Vicente Dolz en el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia, han exigido este martes que el doctor, inhabilitado en 2012, "no ejerza más" y que les retiren las bandas "gratuitamente", ya sea "en la sanidad pública o como sea", para garantizar "una calidad de vida" y evitar el "gravísimo riesgo de muerte" al que aseguran que se enfrentan.
De este modo se han manifestado en declaraciones a Europa Press algunos de los afectados --de un total de trece que se han unido para "hacer algo" al respecto--, quienes han sufrido, como consecuencia del desplazamiento de la anilla de silicona de estas bandas, "perforaciones de estómago o un defectuoso seguimiento postoperatorio con infecciones muy graves que llegaron a tener problemas pulmonares, de sepsis, con gravísimo riesgo de muerte".
El abogado Manuel Mata lleva dos denuncias interpuestas "hace más de un año" por pacientes afectados por esta técnica contra la actuación profesional del cirujano, quien fue condenado en 2012 a cuatro años de inhabilitación y un año y medio de prisión por la muerte de un paciente tras una operación de reducción de estómago en 2008.
Mata ha indicado que hace unos días le "alertaron" de que "muchísimas personas estaban teniendo problemas con la banda gástrica, no en el postoperatorio inmediato, sino al cabo de un año o dos de tenerlas implantadas, que había una recomendación general de que se retiraran esas bandas, que los problemas de salud eran gravísimos y el coste que se les solicitaba por retirar las bandas era altísimo". La cifra a la que asciende la extracción de esta banda y la colocación de una manga asciende a 12.500 euros, aseguran.
El abogado ha apuntado que uno de los dos especialistas que se está haciendo cargo de los pacientes de Dolz tras su inhabilitación, habla de que en 10 años se han realizado 3.000 operaciones de este tipo en la Comunitat y de que no hay una evaluación definitiva sobre si las bandas se tienen que quitar. "La gente dice que no hace el efecto que tenía que hacer porque no están adelgazando, y además tienen problemas de dolores de regurgitaciones y de problemas estomacales cotidianos", ha subrayado.
FALTA DE SEGUIMIENTO
Además, los afectados han criticado que el seguimiento no lo hacían los propios cirujanos sino que lo realizaba la enfermera, quien "ha llegado a pinchar, abría y cerraba, y ella no puede hacer eso".
Ana Cisterna, madre de uno de los afectados, un paciente de 30 años, ha explicado que su hijo se sometió a esta operación hace ocho años y que la misma noche tuvieron que ingresarlo porque estaba sangrando. "Se había llenado de sangre y hasta que la vomitó, estuvo ocho años vomitando; consecuencia de ello se fue a Alemania, se había quedado con 64 quilos, no sabía si eso era anorexia o qué era, y allí lo operaron", ha relatado.
Asimismo, ha señalado que llamó al doctor sustituto de Dolz por teléfono y éste le dijo que "había que retirarlo", pero su hijo estaba en cuidados intensivos en Alemania y no podía venir en un vuelo. "Dicen que si la banda no estaba bien colocada, (los pacientes) no salían del hospital, pero no es verdad, la de mi hijo no estaba bien", ha precisado.
"ENFERMOS POR SALUD, NO POR ESTÉTICA"
La madre ha lamentado que los daños que padece su hijo "ya son de por vida", ya que se le han contraído y secado los vasos sanguíneos por falta de potasio y hierro, y sufre también tres úlceras de estómago y tiene que ingerir diuréticos.
Sin embargo, ha asegurado que no se le ha ofrecido "ninguna solución" y que "si se quiere volver a poner algo, se tiene que pagar". "Por quitarla y poner la manga --sustitutiva de la banda-- pide 12.500 euros", mientras que apunta que únicamente eliminarla puede costar hasta 2.000.
"Yo estaba sola en esto, cuando pasó lo de mi hijo no conocía ningún caso", ha argumentado para explicar que no ha presentado denuncia por estos hechos. Por último, ha exigido una solución, porque "no son enfermos de estética, lo han hecho por salud".
Por otro lado, Mata ha apuntado que se están evaluando cuántos son los afectados y pidiendo que la Conselleria de Sanidad "se tome en serio este problema, que haga de guardián y defensor de la salud pública, que haga las evaluaciones pertinentes". "A partir de ahí veremos si tiene una trascendencia jurídica o no, pero lo importante es la salud de las personas", ha defendido.
"Yo creo que no hay que esperar un riesgo vital, y Conselleria debería proceder a las revisiones y tranquilizar a la ciudadanía porque para eso están, son los garantes de la salud pública", ha afirmado.
INTERVENCIONES PARTICULARES EN CLÍNICAS PRIVADAS
Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad han indicado que las operaciones con complicaciones que están siendo denunciadas públicamente han sido intervenciones realizadas de forma particular en clínicas privadas. En todo caso, han señalado que este tipo de producto sanitario tiene que ir provisto de marcado CE para su comercialización en Europa y debe haber sido inscrito en el registro de responsables de la comercialización de productos sanitarios que gestiona la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS)".
Así, han añadido que, hasta la fecha, no existe ninguna notificación al sistema de vigilancia de productos sanitarios autonómico, ni a nivel nacional, según información de la AEMPS. En relación a si el sistema sanitario público se hará cargo de las posibles intervenciones que requieran los pacientes, han apuntado que se seguirán "los criterios aplicables a cualquier otro paciente con un problema de salud". "Los pacientes afectados serán atendidos con los mismos criterios de acceso al sistema que el resto de beneficiarios", han dicho.
3.000 INTERVENCIONES EN ONCE AÑOS
El doctor Vicente Dolz realizó alrededor de 3.000 intervenciones durante los 11 años en los que operó en el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia entre los años 2000 y 2011. Fuentes del Hospital han recalcado que no era un médico del centro sino que se le alquilaban los quirófanos para que pudiera realizar las intervenciones.
El Consuelo le vetó la entrada en 2011 cuando tuvo conocimiento de la primera denuncia interpuesta contra él por un paciente mucho antes de que fuera inhabilitado en 2012. Asimismo, las mismas fuentes han afirmado que pese a no tener ninguna responsabilidad, el hospital atiende a las personas que llaman con dudas para orientarles hacia algún profesional para realizarles una revisión y han recalcado que no todos los casos han derivado en complicaciones.
