Afectados por las preferentes se reúnen con abogados de la ciudad para iniciar acciones legales

Actualizado: jueves, 27 febrero 2014 19:19

CASTELLÓN, 27 Feb. (EUROPA PRESS)

Vecinos de Castellón afectados por las participaciones preferentes, acciones y cláusulas suelo de las entidades bancarias se han reunido este jueves con el letrado de la ciudad Fernando Martínez, así como con el coordinador de la región valenciana de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (APDEF), Armando Galán, para informar sobre los servicios de este colectivo y poder iniciar acciones legales contra las cajas o bancos que les vendieron estos productos.

En concreto, en la reunión que ha tenido lugar en el Hotel Intur de la ciudad, con un aforo de 150 personas, los abogados junto con representantes de APDEF, han recogido información de los asistentes para, en los días siguientes, atenderlos "de manera personalizada", ya que la "principal premisa" de la asociación es la "personalización y cercanía".

Según el coordinador de la Comunitat Valenciana, en el caso concreto de los afectados de Bankia, "la entidad propuso la vía del arbitraje a sus clientes sin advertir la condición de que los que se acogieran a esta solución tendrían que firmar su renuncia a cualquier recurso judicial aunque se desestimase este camino paralelo". De hecho, -ha añadido- "se desestimó un cuarto de los arbitrajes propuestos, lo que confirma que la vía judicial continúa siendo la más satisfactoria para el consumidor".

En este sentido, durante la reunión, en la que ha estado presente el vicepresidente de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras, Sebastián Auger, se ha informado a los asistentes sobre los tipos de productos que adquirieron y "bajo qué condiciones", describiendo "al detalle" lo que significa ser poseedor de una participación preferente, un mecanismo de financiación de las entidades financieras, "sobre todo cajas, que permitieron aumentar su capital y solvencia a costa de los pequeños ahorradores", según ha informado APDEF en un comunicado.

En cuanto a las obligaciones subordinadas, la asociación ha señalado que éstas significan un cambio en la garantía de cobro, "ya que sitúan a su comprador en último lugar a la hora de cobrar el dinero invertido en caso de quiebra de la entidad".

NINGUNA OTRA VÍA

Por otro lado, Galán ha lamentado que Bankia "no ha propuesto ninguna otra vía ni acuerdo, además del arbitraje, para que los afectados puedan recuperar su dinero", lo que -ha dicho- "ha supuesto que aumente en un 200 por cien las demandas y se hayan tenido que solicitar jueces de refuerzo".

De hecho, el letrado ha alabado la labor de la APDEF por poner en funcionamiento este proyecto que le supone "una magnífica oportunidad para ayudar a las personas que han perdido todos o casi todos sus ahorros".

Estas reuniones ya han tenido lugar en Valladolid, donde se presentaron más de 300 afectados y de los cuales 130 ya han sido citados, en Zamora, Palencia, Oviedo, Ávila, Salamanca, León, Andalucía Occidental, Santander, A Coruña y Vigo, para pasar después de Castellón por Burgos y Segovia, entre otros.

La APDEF nació en 2012 con el objetivo de "defender y proteger a los perjudicados por las posibles prácticas abusivas llevadas a cabo por las entidades financieras y aunar esfuerzos para que a los afectados se les devuelva su dinero invertido", según su presidente, Francesc García Rafanell.

Además, la labor de esta sociedad es conseguir su objetivo con costes "muy ajustados", lo que se llama "abogacía social", ya que, "dependiendo siempre del capital invertido por los perjudicados, por una mínima cantidad que no llega a mil euros el cliente tiene a su disposición la notaría, burofax, tasas, procurador y abogado, y todo ello, con la ventaja de poder pagar al final del proceso, por lo que paga el banco", ha explicado la asociación.

Asimismo, la asociación cuenta con cerca de 20 bufetes asociados por toda España y, debido a esta expansión por el territorio nacional, la APDEF tiene cerca de 1.900 socios, con más de 1.250 demandas en proceso y la resolución de cerca de 120 casos resueltos, con un 95 por ciento de éxito, ya que "existe una conciencia judicial por el atropello que se ha efectuado al pequeño ahorrador", ha denunciado García Rafanell.