VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, ha propuesto este martes la puesta en marcha de un Pacto Social Valenciano contra la Corrupción que involucre tanto a fuerzas políticas como sociales, administrativas y civiles y cuya primera premisa sea "dejar de lado el 'tu más o yo menos".
Así lo ha indicado en una comparecencia en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts, a la que ha acudido para presentar la primera memoria de este organismo correspondiente al ejercicio de 2017 y en donde ha incidido en la necesidad de "impulsar cambios estratégicos inspirados en la visión preventiva y orientados a que las administraciones sean más resistentes a los riesgos de corrupción".
En este sentido, en su intervención, Llinares ha pedido "olvidar el pasado" para empezar a plantear las bases y principios de este acuerdo social contra la corrupción en el que se involucren todas las fuerzas políticas, sociales, administrativas y civiles para "plantear un punto y raya" y que estas cuestiones "no sean una batalla permanente" y se haga "uso político" de ellas.
El objetivo de este pacto, ha puntualizado, es que este tipo de casos "no vuelva a pasar" y la Comunitat sea "vanguardia" contra la corrupción. Para ello, la Agencia Antifraude propone un conjunto de medidas que expone en su memoria de 2017 y que abordan varios ámbitos.
En concreto, en materia de integridad, ética pública y transparencia, el organismo insta a "adoptar un papel activo en la gestión de los riesgos haciendo obligatoria la elaboración" de planes de prevención de riesgos de corrupción y aprobar Códigos de conducta para todo el personal, así como para los operadores que sean prestamistas de servicios públicos o perceptores de fondos públicos.
Respecto a la gestión de conflictos de interés, considera que se tiene que "refozar la cultura de la imparcialidad", según consta en el documento que precisa que este tipo de conflictos se deben de gestionar "como una de las principales fuentes de corrupción, revisando los sistemas de control previo de idoneidad, así como reforzar el régimen de incompatibilidades, establecer políticas restrictivas de regalos, prever situaciones postcargos (puertas giratorias) en función de los riesgos asociados a determinados perfiles y colectivos de servidores públicos, entre otros.
PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES
Asimismo, propone que, para mejorar la protección de personas denunciantes, informadoras o alertadoras de posibles casos de corrupción, las administraciones públicas "tienen que colaborar y respetar la condición del profesional y la dignidad humana y valía de aquellos que denuncian la corrupción, reconociendo que es un deber de todos colaborar para acabar con esta lacra".
De igual modo, incide en la necesidad de garantizar la imparcialidad y la ecuanimidad de las administraciones públicas en la gestión de los servicios públicos y los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección y promoción de las personas.
De este modo, apunta que "hace falta que la selección de todos los cargos de dirección, incluyendo los del sector empresarial e instrumental, se hagan por convocatoria pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad", así como a garantizar la independencia de los órganos de control internos y externos "dotándolos de los medios y recursos necesarios para ejercer sus funciones mejorando la capacidad supervisora".
En materia de contratación pública, la Agencia Antifraude considera que "hay que hacer real y efectiva la independencia y profesionalidad de las personas integrantes de las estructuras relacionadas con los procedimientos de contratación pública garantizando la ausencia de conflictos de interés, reduciendo los márgenes de discrecionalidad y valoraciones subjetivas en los procesos y asegurando la objetividad y la transparencia en la toma de decisiones".
