ALICANTE, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja (Alicante) ha emitido un auto en el que llama a prestar declaración como imputados por un presunto delito continuado de prevaricación al alcalde de la localidad, Pedro Hernández Mateo, y a los concejales de Hacienda y Contratación, y da traslado de la investigación al Ministerio Fiscal Anticorrupción, ya que esta causa entra dentro del ámbito de sus competencias.
Este auto, con fecha del 16 de mayo de 2006, se ha emitido después de que el pasado mes de abril el PSPV-PSOE de Torrevieja presentara una denuncia contra el alcalde de Torrevieja y los concejales de Hacienda, Pascual Ortiz, y de Contratación, José Antonio Sánchez, por un delito continuado de prevaricación.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Torrevieja, Angel Giménez, explicó hoy que los tres imputados presuntamente habrían utilizado la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos, es decir, pagos sin consignación presupuestaria previstos sólo para casos excepcionales.
Asimismo, añadió que utilizan este procedimiento "de forma sistemática", de modo que el Ayuntamiento lleva gastada por este procedimiento la cantidad de 12 millones de euros y "además siempre les corresponden a las mismas empresas y siempre para servicios que están claramente previstos, es decir, que no son ningún caso de urgencia".
Además, según aseguró, "todos estos pagos llevan el informe en contra de Intervención y de Secretaría, diciendo que son nulos de pleno derecho porque se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
A su juicio, "la vulneración del procedimiento administrativo es clara, pero es que vamos un paso más allá, porque entendemos que es un delito". Giménez argumentó que "se adjudica de manera arbitraria determinadas prestaciones a empresas que, primero algunas tienen vinculación con miembros del gobierno municipal, y, segundo, que son supuestos claramente previstos, como servicios de limpieza, seguros, entre otros".
De esta manera, según dijo, "con eso lo que se hace es saltarse la mesa de contratación, porque toda contratación que sea superior a 3.000 euros tiene que pasar por la mesa de contratación". Sin embargo, según sostuvo, "lo hacen por procedimiento directo y lo dan a dedo a la empresa que les parezca oportuna, con independencia de la cuantía". Después, esto queda justificado como "gastos extraordinarios, a pesar de los informes en contra" de los técnicos municipales.
Al detectar esta irregularidad, el PSPV lo puso "en conocimiento del juzgado y su Señoría entiende que hay indicios de delitos, citarlos como imputados, aunque todavía no les han dado fecha, y da traslado al Fiscal Anticorrupción porque entra dentro del ámbito de sus competencias".
