VALENCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado continuar el proceso contra el expresidente de Ruralcaja Eduardo Ferrer en una causa abierta por un trasvase entre cuentas de dos sociedades constructoras del mismo grupo por un total de 3.040.000 euros para que la caja pudiera cobrar una deuda.
Así mismo, en el procedimiento figuran como imputados el exvicepresidente de Ruralcaja José Montoliu; el ex director general de la entidad, Juan José Arrieta; el director de la sucursal que realizó el trasvase del dinero; y el legal representante del grupo Cosesa, Pascual Serrano.
De esta forma, el tribunal ha desestimado los recursos interpuestos por los imputados contra el auto de incoación de procedimiento abreviado, en el que se exponen indicios delictivos. Estima que se da por probado la participación de los imputados en los hechos, y señala que debe ser en el seno del acto público y contradictorio donde se diriman las concretas participaciones de cada uno.
Es más, la Audiencia puntualiza que los recursos presentados por los imputados se sustentan en la "particular" interpretación de los indicios resultantes de la instrucción que hace cada uno de ellos "con arreglo a sus propios intereses", pero "sin poder en ningún caso llegar a negar con razones validas su existencia, por más que incidan sobre el fondo de los hechos y una culpabilidad que el auto no refleja en modo alguno en su parte dispositiva".
El procedimiento se remonta al año 2007, cuando unas 20 personas suscribieron un contrato con la entidad Afrepark S.L. --perteneciente al grupo Cosesa-- para la compraventa de unas plazas de garaje ubicadas en la calle Jesús. Para ello, los compradores entregaron ciertas cantidades de dinero, aunque las obras no se hicieron. Afrepark entró en concurso de acreedores y durante su tramitación el administrador concursal alertó de un posible fraude en el traspaso de 3.040.000 euros entre las cuentas de Afrepark y Cosesa para que ésta última cancelara una deuda con el banco.
Tras enterarse de esta premisa, los compradores presentaron una denuncia ante el juzgado en la que alegaron que esta "fraudulenta" disposición supuso un "evidente perjuicio económico" para ellos, ya que con ello se vació de recursos el préstamo hipotecario que había sido concedido por la entidad a Afrepark para la ejecución del aparcamiento.
Sobre los hechos, y en base a varias documentales y declaraciones, el magistrado instructor de la causa estima que la competencia para este tipo de operativa bancaria viene atribuida al director general, que en la fecha de los hechos era Juan Arrieta, quien "consintió y autorizó" la operación, de la que a su vez "eran conocedores" la comisión ejecutiva, tanto por las circunstancias del propio director en trámites de dimisión, como por la importancia del propio cliente Cosesa, que propició la creación de una comisión de seguimiento de su proceso concursal en la entidad bancaria.
Asimismo, la disposición de la operación fue autorizada por la comisión ejecutiva de Ruralcaja, formada en esa fecha por Eduardo Ferrer y José Montoliu, junto a otras tres personas que ya han fallecido, detallaba el juez en su auto de incoación de procedimiento abreviado.
En relación con Pascual Serrano, el juez sostiene que era la persona legitimada para operar con la cuenta de Afrepark, pese a que la disposición no consta firmada por él, pero de lo actuado se desprende --agrega-- que la autorizó o al menos la consintió, pues en ningún momento consta su oposición, negativa o reclamación extrajudicial o judicial a la misma haciendo uso para su propio beneficio de ella la mercantil matriz, es decir, Cosesa.
Desde esta perspectiva, el magistrado considera que la disposición no podría haberse efectuado sin el consentimiento de la entidad bancaria, pues la misma se permitió sin que se cumplieran las condiciones de varias cláusulas de la escritura de póliza de préstamo con fecha 10 de enero de 2008.
CONOCIMIENTO "NINGUNO"
El ex director general de Ruralcaja Juan José Arrieta declaró ante el juez en la fase de instrucción que no tuvo conocimiento "ninguno" de la transferencia entre cuentas hasta que se iniciaron las diligencias judiciales, y que fue la comisión ejecutiva la que autorizó la misma "por entrar en mora todo el grupo Cosesa" y presentar un concurso de acreedores.
Por su parte, Serrano expuso en su declaración que él no había autorizado al banco traspasar el dinero entre las cuentas; asimismo, el que fuera director de la oficina aseguró que él no tomó la decisión de este traspaso y dijo que era algo que "venía de arriba"; y, por último, un experto bancario aseveró que él tampoco intervino en este procedimiento y apuntó al consejo rector.
