Asegura que la reserva de 6.000 hm3 que pretende C-LM serviría para abastecer a una población 50 veces superior a la manchega
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VALENCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) propone alcanzar un Pacto de Estado que excluya a los problemas del agua de la confrontación política y territorial y que se base en "la adecuación de una autoridad hídrica estatal con capacidad y recursos para liderar los retos actuales y reconducir la situación existente". Asimismo, la patronal considera que este acuerdo debe dejar "claras" las "reglas del juego" para que "no haya dudas sobre el reparto de competencias y, sobre todo, de responsabilidades".
Así lo indica AVE en el informe 'Agua y Estatutos de Autonomía. El caso castellano-manchego', donde señala que el Pacto de Estado "puede plantearse de manera muy simple", teniendo en cuenta que "el agua es un bien económico, ambiental y social, cuya gestión corresponde al Estado".
En este sentido, entiende que las administraciones autonómicas y locales "deberán asumir sus responsabilidades en las materias que les corresponde y podrán plantear a la Administración Estatal cuantas mejoras estimen oportunas, pero deberán renunciar al intento de invadir competencias que no les corresponden y a utilizar el problema del agua como bandera para el enfrentamiento territorial".
Asimismo, la asociación de empresarios destaca que la "pretensión" de las Cortes castellano-manchegas de introducir en su Estatuto de Autonomía "alusiones sustanciales a la ordenación de los recursos hídricos" supone "un menoscabo de las competencias del Estado en esta materia"
En esta misma línea, subraya en el informe que la reserva de 6.000 hectómetros cúbicos al año de agua que quiere Castilla-La Mancha para aplicar en su territorio es "una gran reserva que permitiría atender una población 50 veces superior a la actual de Castilla-La Mancha, abastecer a más del doble de la actual población de toda España o transformar en regadío un millón de hectáreas".
Por ello, la entidad que preside Francisco Pons entiende que el establecimiento de esta reserva "debe ser descartado, sin entrar en consideraciones políticas, por razones estríctamente técnicas y jurídicas". Al respecto, afirma que las consecuencias de a la aplicación de la reserva "serían absolutamente negativas para el conjunto de España".
La patronal explica que "se consolidaría de forma definitiva la idea de apropiación territorial de los recursos hídricos, impidiendo al Estado ejercer de forma plena sus competencias, diluyendo el concepto de dominio público estatal, rompiendo el principio de unidad de cuenca, y, en definitiva, alterando de forma sustancial la ordenación jurídica española sobre el agua".
Asimismo, "se causaría un daño irreparable a las comunidades vecinas, que verían reducidas sus disponibilidades de agua no solo futuras, sino también actuales, hasta extremos inasumibles", añade AVE, quien precisa que, de forma directa, se verían afectadas Madrid, Extremadura, Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana.
Desde el punto de vista medioambiental, subraya que la ejecución de la reserva para usos en Castilla-La Mancha "implicaría la reducción hasta su total anulación de los caudales de todos los ríos que salen del territorio de Castilla-La Mancha, dando lugar a una situación de deterioro ambiental no ya inasumible, sino absolutamente inimaginable". Del mismo modo, hace hincapié en que esta iniciativa "está generando una tensión social y una desconfianza entre territorios vecinos muy lesiva para el conjunto de la sociedad española".
Por contra, la patronal asegura que la permanencia de los aprovechamientos hidráulicos asociados al acueducto Tajo-Segura es "básica para garantizar abastecimientos y riegos en el sureste español y beneficia colateralmente, bien que de manera distinta, a las cuencas del Tajo, del Guadiana y del Júcar".
"DESCONFIANZA Y RECELO" ENTRE REGIONES
La asociación de empresarios critica que "se está alimentando una tensión territorial creciente, un muy negativo sentimiento de desconfianza y de recelo entre regiones vecinas, y una conflictividad sociopolítica en aumento y sin precedentes en las últimas décadas.
En el informe también señala que la experiencia acumulada en las tres décadas transcurridas desde la creación del Estado de las Autonomías "evidencia que en los asuntos con intereses comunes aunar voluntades es tarea relativamente sencilla y, si hay opiniones contrarias, éstas responden más a cuestiones ideológicas que territoriales"
Sin embargo, lamenta que en el tema de la "la gestión de un recurso natural como el agua, tan ligado a la tierra y tan susceptible de ser utilizado como arma arrojadiza entre vecinos hace que se produzcan posiciones encontradas y tensiones territoriales que los poderes públicos locales, en lugar de sofocar en beneficio de todos, en ocasiones, y de forma irresponsable, avivan enmarañan en beneficio propio".
Para AVE, "recomponer la situación requiere de las autoridades públicas convicciones firmes, madurez, rigor y reflexión en sus planteamientos, y autoridad y capacidad de liderazgo para inspirar un nuevo clima social que permita reorientar el errático camino emprendido".
