Hasta siete acusados alcanzan un acuerdo con Fiscalía Anticorrupción, entre ellos el exconseller
VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)
El exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco, la que era su cúpula en este departamento y los principales empresarios que se sientan en el banquillo por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y en el proyecto del fallido hospital en Haití han reconocido este jueves los hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción les acusa.
El grupo de hasta siete acusados que ha firmado un pacto de conformidad con el fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco --algunos de los acuerdos se han firmado antes del inicio de la sesión de este jueves, que por esta razón ha comenzado con cerca de dos horas de retraso-- incluye a Blasco, su cúpula en la Conselleria (la ex secretaria general, Tina Sanjuán; el ex director general, José María Felip y el ex jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares); los empresarios Augusto César y Arturo Tauroni, y el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, además de Alina Indiekina Lysenko y María Isabel Castillo.
Tanto en el caso de Blasco como en el resto de este grupo, todos ellos han corroborado ante el tribunal que aceptan los hechos relatados por Anticorrupción en su escrito de acusación y que, por tanto, reconocen los delitos que se les imputan. Posteriormente, en el momento en el que han sido llamados a declarar, la mayoría de los procesados se ha limitado a acogerse a su derecho a no hacerlo.
El abogado del exconseller 'popular' ha defendido que no se trata de una conformidad "de mínimos", ha subrayado que se reservan el derecho a última palabra y ha anunciado que va a solicitar la imposición de las costas del proceso a la Generalitat y las ONG, al continuar adelante con la vista pese a ese acuerdo con Fiscalía.
El fiscal ha explicado que aprecia circunstancias atenuantes en estos casos, como la de confesión tardía o reparación total o parcial del daño a consecuencia de la aportación de cantidades en metálico o dación en pago de bienes inmuebles que cada uno de ellos ha realizado.
Por contra, la Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora de ONGD han mostrado su "disconformidad" con este acuerdo por la responsabilidad penal que contempla y porque "no se satisfacen los graves perjuicios causados", por lo que han solicitado que continúe el juicio y la práctica de prueba.
Según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras de la negociación en su momento, el preacuerdo entre Fiscalía Anticorrupción y los principales acusados contempla penas cercanas a los tres años y medio de prisión. Tanto Abogacía de la Generalitat como la Coordinadora entienen que no existe una suficiente reparación económica como para aceptar acuerdo con el exconseller.
Por estas piezas, Anticorrupción solicitaba inicialmente hasta 16 años de cárcel para Blasco y pedía como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat, mientras que para Augusto César Tauroni pedía hasta 21 años y medio de cárcel. También solicitaba una multa de 3.136.800 euros y el decomiso de sus dos apartamentos de Miami y un yate, además del dinero de las cuentas de EEUU de diferentes sociedades por un delito de blanqueo de capitales.
TRES TIPOS DE PACTOS
Seis acusados más han alcanzado acuerdos totales con todas las acusaciones (Fiscalía, Abogacía de la Generalitat y Coordinadora Valenciana de ONGD); otros cuatro han presentado conformidades con Fiscalía y Abogacía de la Generalitat y uno más únicamente con Abogacía.
En el primer grupo, con pactos que implican a todas las acusaciones, figuran Andrés Chust, Rosa María Castelo, Alberto Pampín, Luis Freire, José Bollaín y Miguel Ángel Climent Estruch, este último a quien no acusa la Coordinadora. Todos ellos han seguido el proceso de reconocer los hechos ante la Sala y mostrarse de acuerdo con las penas establecidas.
Los acuerdos que el fiscal ha calificado como "parciales", dado que solo Anticorrupción y Generalitat los han suscrito, son el ex director general de la Conselleria José María Felip; Alfonso Navarro; el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, y Jesús Urquiza. El letrado de las ONG, que no firma estas conformidades, ha considerado necesaria la práctica de prueba para "aquilatar la responsabilidad penal y pecuniaria" de estos acusados.
Los principales acusados forman el tercer grupo, con acuerdos únicamente con Fiscalía, mientras que en el caso de otro de los procesados, Fernando Cañete, solo tiene un pacto con la Abogacía porque Fiscalía no le acusa, mientras que las ONG han vuelto a mostrar su "disconformidad".
LA MAYORÍA SE NIEGA A DECLARAR
En esta jornada estaba previsto que comparecieran Blasco, Augusto César Tauroni y Alina Indiekina, pero todos ellos se han acogido a su derecho a no declarar. En el caso de Tauroni, sí se ha pronunciado su letrado para destacar que el acuerdo alcanzado "no supone un suelo", sino que está "abierto a circunstancias que pudieran suponer una reducción de la pena".
Asimismo, las principales defensas han coincidido en reservarse el derecho a la última palabra y han insistido ante la Sala en la "innecesariedad de la práctica de la prueba", ante lo que Generalitat y ONG han reiterado su "disconformidad" y han pedido la "prosecución del juicio hasta lograr una sentencia justa".
El fiscal Carrasco también ha considerado innecesaria la declaración de los acusados que tienen algún tipo de acuerdo, a lo que ha respondido el abogado de uno de los procesados que no ha firmado ninguna conformidad, puesto que ha defendido que el hecho de que estos acusados no declaren puede perjudicar a su cliente.
De este modo, el resto de acusados con pactos ha seguido la línea de no declarar, a excepción de Fernando Darder, que exclusivamente ha respondido a su abogado para ratificarse en todas sus declaraciones previas. Aquellos que no han llegado a ninguna conformidad han comparecido únicamente para explicar que declararán la próxima semana, después de conocer y estudiar el contenido de los pactos presentados este jueves.
