25 de abril de 2019
5 de febrero de 2010

Blasco pide al Gobierno que no "boicotee" la política social del consell con "continuos recortes presupuestarios"

VALENCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, pidió hoy al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que no "boicotee" la política social del Consell con "continuos recortes presupuestarios que ponen en peligro los programas de integración de la Generalitat y de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana".

Según afirmó Blasco en un comunicado, "al ya conocido recorte presupuestario del 50% del Fondo de Acogida e Integración de Inmigrantes, previsto para 2010, se suma la decisión del Ministerio de excluir progresivamente a los rumanos y búlgaros en los criterios de distribución de dicho fondo entre las comunidades autónomas".

El conseller indicó que este año el cómputo de los ciudadanos rumanos y búlgaros "se reducirá un 30% y se irá recortando progresivamente hasta extinguirse definitivamente en cuatro años". De esta forma, aseguró que en 2010 "quedarán excluidos ya 52.042 rumanos y búlgaros con la excusa de que son extranjeros comunitarios".

Blasco apuntó que una de las autonomías "más afectadas" por esta "exclusión" será la Comunitat Valenciana porque "el peso de estas dos poblaciones, en especial de la rumana, es muy importante dentro del cómputo global de inmigrantes que residen en nuestra región". En concreto, precisó que en la Comunitat residen más de 137.500 rumanos y más de 36.000 búlgaros, "que no por el hecho de ser comunitarios, dejan de necesitar la ayuda de las administraciones públicas".

El conseller incidió en que el Fondo de Acogida "ha sufrido este año un tijeretazo del 50%, pasando de un presupuesto de 200 millones de euros en 2009, a 100 millones para toda España". "De confirmarse la partida prevista en los Presupuestos Generales del Estado, la Comunitat Valenciana pasaría de percibir 22,9 millones a 11,1 millones", criticó, y acusó al Gobierno central de "desentenderse cada vez más de la población inmigrante, cargando toda la responsabilidad a las comunidades autónomas y a los municipios, a pesar de que la gestión de la inmigración y los mecanismos de acogida son competencia del Estado".

Para Blasco, "la dejadez de funciones de Zapatero y su gobierno con respecto a la inmigración obligará al Gobierno valenciano a hacer un mayor esfuerzo presupuestario y asfixiará económicamente a los ayuntamientos, sobre todo a aquellos con una mayor presión migratoria".

El conseller manifestó que, los datos estadísticos sobre la presencia de inmigrantes de estas dos nacionalidades en la Comunitat, "hablan por sí solos y demuestran que esta medida es injusta e insolidaria con las autonomías, con los ayuntamientos y con los propios inmigrantes afectados".

"Esta decisión se aleja totalmente de la realidad social de estas personas, que necesitan cualquier apoyo que se les brinde de cara a su integración efectiva en nuestro país, una ayuda que, por supuesto, continuará prestándoles la Generalitat valenciana", manifestó.