VALENCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Boletín Oficial de las Corts Valencianes (BOCV) publica este viernes la propuesta del grupo popular para que el parlamento valenciano pida al Congreso de los Diputados la retirada de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que pedía que las inversiones que efectúa el Estado se inspiren "en el principio de solidaridad y equidad".
El grupo popular presentó el pasado 4 de febrero esta propuesta a la Mesa de las Corts para que la cámara solicite al Congreso retirada de la reforma Lofca por considerarla "innecesaria". Por su parte, la oposición consideró que se trata de "una bajada de pantalones impuesta" desde Madrid.
La propuesta del PP explica que, en el pleno celebrado el 21 de febrero de 2008, las Corts aprobaron --con 52 votos a favor, 32 en contra y cinco abstenciones-- el dictamen de la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat referido a la proposición de ley de proposición de ley de la reforma de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, presentada por el grupo parlamentario popular el 1 de octubre de 2007.
Esta iniciativa reclamaba la reforma del artículo 16 de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, con el fin de que en dicho precepto se establezca que las inversiones que efectúen directamente el Estado y el sector público estatal se inspirarán en el principio de "solidaridad y equidad".
Una vez presentada la iniciativa en el Congreso de los Diputados, fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, pero "hasta el momento presente no ha sido tomada en consideración por el pleno del Congreso".
El grupo popular considera que esta reforma resulta ahora "innecesaria", dado que en estos momentos se están celebrando reuniones en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del Ministerio de Hacienda para las que se estudia un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas "inspirado en criterios de solidaridad y equidad, que garantice los servicios básicos de las políticas sociales de todas las comunidades y que a su vez prime a las personas atendiendo a las respectivas poblaciones".
