ALICANTE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isbael Bonig, ha remarcado este martes que el futuro del plan zonal de la Vega Baja y la posibilidad de rescindir el contrato con la empresa adjudicataria del proyecto de gestión de residuos depende "de lo que determinen los informes de los servicios jurídicos" que, según ha insistido, "son vinculantes".
Bonig, que ha mantenido un encuentro con empresarios de la Cámara de Comercio de Orihuela (Alicante) para abordar la situación del vertedero situado en la pedanía oriolana de La Murada, ha explicado que "la ampliación del vaso 3 del vertedero de Abanilla se encuentra en territorio de la Región de Murcia por lo que la Administración competente es el órgano de esta comunidad autónoma", según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Sobre los otros dos vasos, que ya están sellados, la Conselleria de Infraestructuras ha solicitado un proyecto de clausura a la empresa Proambiente, propietaria del mismo, tal y como establece la legislación. "Un proyecto --ha asegurado-- que se ha presentado y que, según han establecido los técnicos cuenta con una serie de deficiencias que la empresa debe corregir. Pero, estamos todavía en plazo".
En relación a los posibles enterramientos ilegales y la aparición de lixiviados en esta zona, la consellera ha asegurado que "la Generalitat está personada como acusación particular desde abril de este año". "Los ciudadanos, tienen que tener claro que el Consell va a ejercitar todas las acciones para que los culpables comparezcan y sean sancionados, si se demuestran los hechos, con arreglo a la Ley y, además, que se va a realizar la restauración medioambiental de la zona", ha manifestado.
"Además, se realizó una inspección por la presencia de los lixiviados, se iniciaron los procedimientos administrativos, se comunicó al juzgado y a la fiscalía, algunos se han paralizado por estar judicializados y se solicitó autorización al juzgado para retirarlos, aunque cuando se logró esa autorización, los lixiviados ya no estaban. Se ha puesto en conocimiento del juzgado, y se ha contratado a una empresa para que averigüe de dónde proceden esos lixiviados y se ha solicitado permiso al juzgado para poder entrar en los terrenos que son de propiedad privada", ha explicado Bonig.
