CASTELLON, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, señaló hoy que la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia podría beneficiar en la Comunitat Valenciana a unas 125.000 personas en situación de dependencia, a las que para dar cobertura, subrayó, "habrá que invertir 400 millones de euros anuales", de los que el 50 por ciento lo aportaría el Estado y el resto la Generalitat, "lo que permitiría generar 50.000 empleos directos e indirectos".
En la provincia de Castellón, según explicó, hay en estos momentos unas 15.000 personas en situación de dependencia no atendidas, y para atenderlas, dijo, "los poderes públicos deberían invertir 50 millones de euros cada año, lo que generaría 5.000 empleos".
Caldera, que realizó estas declaraciones antes de participar en un acto en Castellón para explicar el proyecto de Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, señaló que dicha ley "promoverá un crecimiento económico adicional al que ya hay en España muy importante".
"Se trata --aclaró-- de un verdadero desafío de futuro con una ley que ya está en el Parlamento y para la que he pedido el consenso de todos los grupos políticos, porque, aunque la impulse el Gobierno, debe ser una ley de todos".
Según explicó, esta ley va dirigida a las personas que no pueden valerse por sí mismas y necesitan ayuda personal, "es decir que son dependientes porque han perdido facultades", y, según dijo, "ahora esta ayuda se la proporciona normalmente su familia, y casi siempre una mujer, por lo que es necesario que los poderes públicos se hagan responsables de la atención a estas personas".
"El objetivo de la Ley de Dependencia --subrayó-- es crear un sistema nacional que atienda a estas personas, bien con servicios, o con ayudas económicas para las familias", y añadió que cualquier persona en situación de dependencia, a partir del 1 de enero de 2007, "empezará a ser atendida".
En este sentido, Caldera explicó que "no podemos atender a todas las personas el primer año, pero empezaremos por los grandes dependientes, y tendrán derecho a los servicios o ayudas económicas para ser atendidos". Las ayudas económicas se fijarán mensualmente "para que, si se continúa atendiendo a la persona dependiente en el entorno familiar, exista una ayuda y un alta en Seguridad Social para la persona que presta la asistencia".
El ministro señaló que esta ley "cuenta con el 80 por ciento del apoyo de los españoles", y aseguró que en el año 2015, cuando la ley esté a pleno desarrollo, la inversión alcanzará los 10.000 millones de euros.
"El derecho --afirmó el ministro-- consiste en acceder a esta red de servicios o ayudas económicas, pero las personas deben pagar una parte en función de su capacidad económica, aportación media que será del 30 por ciento", aunque apuntó que "nadie quedará fuera del sistema por ausencia de recursos económicos".
