VALNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valncia, María José Catalá, ha denunciado que el consistorio tiene 207 viviendas sociales vacías "que podrían contribuir a paliar el problema de la ocupación" en la ciudad y ha insistido en la creación de una Oficina Antiokupas.
Catalá y el senador del PP Fernando de Rosa han mantenido este lunes una reunión con el Fiscal Jefe de la provincia de Valencia para tratar el problema de la ocupación de viviendas en la ciudad de Valencia, según ha explicado la formación en un comunicado.
Las denuncias por ocupación durante el primer semestre del 2020 han crecido un 29,6 por ciento% en la provincia de Valencia respecto al primer trimestre de 2019, "muy por encima de la media nacional y autonómica", ha expuesto el PP, que ha indicado que en la Comunitat Valenciana ese incremento ha sido del 14,1% mientras que a nivel nacional se ha producido un incremento del 5,03%.
Catalá y De Rosa han considerado esencial que "exista una información concreta sobre la ciudad de Valncia, que es la que más viviendas y población tiene de la provincia, para propiciar una mayor coordinación desde la Delegación de Gobierno con la Policía Local de Valencia para actuar con rapidez y evitar que se incrementen estos casos"
Los dos dirigentes 'populares' han señalado que el problema de la ocupación "se debería afrontar desde el ámbito social y no como un debate ideológico".
En este sentido, Catalá ha denunciado la "falta de impulso" de las políticas de vivienda social del gobierno del alcalde Ribó y el PSPV, "que tiene en la actualidad 207 viviendas sociales municipales sin asignar a personas y familias que lo necesitan", del total de 400 viviendas sociales que dispone el Ayuntamiento. Además, "en 2020 solo se han asignado 16 viviendas sociales en Valencia".
1.800 PERSONAS ESPERANDO AYUDAS
En relación con las actuaciones de carácter social para reducir las ocupaciones, la portavoz popular ha denunciado también que "el 60% de los solicitantes de un alquiler asequible al Ayuntamiento NO lo obtienen, lo que supone que en la actualidad haya 1.800 personas esperando estas ayudas".
Por todo ello, ha reiterado que el "debate sobre el problema de las ocupaciones de viviendas se debe hacer desde una perspectiva social y no ideológica, para evitar situaciones como la vivida recientemente en una ocupación de una vivienda del bloque de portuarios en Valencia, que causó inquietud a los vecinos por la intervención del conseller Dalmau".
Catalá y de Rosa han reiterado la necesidad de que se cree una Oficina Antiokupas de asesoramiento para los vecinos y comunidades de propietarios que sufran la ocupación de sus viviendas, así como un teléfono de información
PLAN ANTI-OKUPACIÓN
Por su parte, el senador Fernando de Rosa ha recordado que el PP ha propuesto un plan Anti-okupación, plasmado en una Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, presentada en el Congreso de los Diputados el pasado 1 de julio de 2020 (BOCG 17 de julio de 2020).
Fernando de Rosa ha explicado que la proposición de Ley que el PP defiende recoge una serie de modificaciones legislativas como la recuperación del delito de usurpación de un bien inmueble, con penas de prisión de 1 a 3 años, y que el desalojo por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueda hacerse en 24 o un máximo de 48 horas, "dando plena seguridad jurídica a los servidores públicos".
El PP también pide que se prohíba que los ayuntamientos permitan empadronarse a los okupas, "como ocurre actualmente", se facilite que las comunidades de vecinos, ante comportamientos violentos de los okupas, puedan actuar directamente ante los tribunales y se permita que los propietarios que sean personas jurídicas puedan actuar contra la okupación y puedan tomar medidas legales
Todas estas medidas, ha resaltado el senador popular, "tienen que venir acompañadas de acciones sociales para ayudar a las personas y familias más necesitadas y vulnerables para que se les garantice el derecho a una vivienda digna"
