VALENCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Empresa de Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha exigido en un comunicado que los exdirectivos "respondan ante los tribunales de los delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de fondos públicos que hayan podido cometer durante su gestión y que han derivado en un agujero económico de más de 1.200 millones de euros".
En este sentido, ha tildado de "inaceptables" las tácticas "dilatorias" utilizadas para "entorpecer" y "obstaculizar" la instrucción de la titular del juzgado número 6 de Paterna (Valencia), que investiga la denuncia presentada por Compromís contra José López Jaraba, Lola Johnson y otros imputados.
La "maniobra de dilación", ha destacado, "ha encontrado fundamento en el hecho que fue el juzgado número 5 de Paterna el primero en investigar una denuncia del Comité de Empresa de RTVV para esclarecer la posible existencia de un delito de malversación de fondos públicos en la compra de tres documentales a la empresa Triskel Audiovisual S.L. por más de 600.000 euros, un precio cien veces superior al de mercado".
Dado que estos contratos forman parte de la documentación que Compromís ha aportado recientemente como prueba de la posible comisión de estos delitos, "las defensas pretenden ahora que sea el enjuiciado número 5 quién se ocupe de la investigación, aplazando así durante unos meses la instrucción", ha resaltado.
El Comité de Empresa ha recordado que aquella investigación se archivó provisionalmente "sin perjuicio de su posible reapertura en el supuesto de surgir nueva información o conocerse hechos nuevos relacionados cono los hechos denunciados".
Al respecto, entiende que la documentación aportada por Compromís al juzgado número 6 "reafirma la tesis apuntada en la denuncia sobre un supuesto delito de malversación de fondos públicos y trato de favor en beneficio de la empresa Triskel". El Comité de Empresa ha aplaudido que esta cuestión vuelva a ser objeto de investigación judicial.
"Que aquellos que han llevado a RTVV hasta la liquidación y se han servido de la empresa en beneficio propio utilicen ahora todas las argucias que la ley permite, no hace sino quitar credibilidad a sus estrategias de defensa y a intento de trasladar a terceras personas todas las responsabilidades, como si no hubieran sido actores determinantes en toda la derrota", ha señalado.
Por ello, el Comité de Empresa espera que la Audiencia Provincial actúe "con diligencia para dirimir el conflicto de competencias entre los juzgados 5 y 6 y que actúe en consecuencia si ve en la petición una maniobra ilícita para apartar del caso a la jueza que ha llevado la instrucción hasta ahora".
