VALENCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
El comité de empresa de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en la provincia de Valencia insta a la gerencia de la empresa y a las 'conselleries' de Hacienda y de Infraestructuras a "tener en cuenta las posibles alternativas" para "solucionar el conflicto" sin recurrir a "despidos traumáticos" ni a una "destrucción de empleo masiva".
Así consta en un escrito presentado este martes por registro de entrada en las sedes de FGV y de los departamentos de Juan Carlos Moragues y de Isabel Bonig, respectivamente.
El comité denuncia que en la empresa pública "se pretende imponer un ERE", que podría afectar a 450 trabajadores y supone "un ajuste de 22 millones de euros", a pesar de que se ha aprobado un presupuesto para el capítulo de personal de 70,4 millones para 2013, frente a los 86 millones que recogen los "presupuestos oficiales" de este año.
"No se corresponde este recorte con las cifras presupuestarias", reivindican en su escrito, en el que advierten de que esa medida "significará menor frecuencia, menor seguridad y menor atención al viajero".
El comité critica que efectúen recortes en su presupuesto "mientras se dota alegremente a otras administraciones y eventos" y aluden, en este sentido, a los 17 millones asignados al aeropuerto de Castellón, los 5,4 millones del Valencia, los tres gastados "en un campeonato de golf de un fin de semana en Castellón" y a lo asignado para financiar "unas torres (de Calatrava) que al final no se van a construir".
En su escrito, también reprochan que se "lastre la deuda de FGV" al imputarles "el costo de 32 trenes y tranvías que están paralizados, por un valor superior a los 200 millones de euros" y el correspondiente pago de intereses.
Desde el comité de la provincia de Valencia reprueban igualmente otras cuestiones como "el inicio y paralización de obras inacabadas tales como la T2 de Valencia y la ampliación de Ribarroja" o "la decisión de preferir tener cerrada la L2 de Alicante antes que permitir su explotación inmediata por parte de la plantilla de FGV", lo que, a su juicio, "incrementaría notablemente los ingresos sin apenas mayores costes".
Sobre este último punto, aseguran que "el mantenimiento de estas instalaciones e infraestructuras cuesta a las arcas públicas 800.000 euros anuales".
Los representantes de los trabajadores se muestran "conscientes del difícil momento que atraviesan las economías española y valenciana" pero remarcan que, por este motivo, no entienden "cómo se pretende destruir cientos de empleos mientras por otro lado se invierte y gestiona el dinero público de forma vergonzante". Así, concluyen su escrito con esa petición de que se estudien alternativas al procedimiento de despido colectivo iniciado en la empresa pública.
