VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los senadores de Compromís Jordi Navarrete y Carles Mulet han pedido al Gobierno que adopte medidas para los afectados por incapacidades para que "su situación sea lo menos traumática posible", según ha indicado la coalición en un comunicado.
Así lo han demandado después de que una representación del colectivo de Jóvenes Pensionistas, que integra a personas afectadas por enfermedades crónicas y/o degenerativas con limitaciones funcionales (físicas y psicológicas) a quienes el INSS les ha denegado una Incapacidad Permanente o les ha sido revocada y que tienen disminuida su capacidad laboral, se haya reunido con los senadores.
El colectivo ha puesto sobre la mesa la necesidad de "recibir una atención adecuada y recursos en materia sanitaria así como de servicios sociales y que exista información y visibilidad de este colectivo". Los senadores de Compromís han anunciado preguntas sobre la situación de este vasto colectivo y las políticas que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno socialista.
Entre sus reivindicaciones figuran que tanto en INSS, el ICAM, como los Servicios de Valoración de Discapacidades del Estado reconozcan en sus baremos las enfermedades limitantes, ya que sus capacidades van variando conforme la enfermedad progresa; cambios en las valoraciones en las incapacidades permanentes respecto a los informes y parecer de los equipos de valoración de incapacidades, la identificación del médico evaluador, ir acompañados durante las valoraciones del INSS o ICAM y el reembolso de los gastos de transporte.
Por otro lado reclaman que se les supriman los descuentos salariales cada vez que acuden a las constantes revisiones médicas, lo que lleva al trabajador o trabajadora a perder "de forma constante" parte de su salario por sus problemas de salud, de los que se beneficia la empresa al contratarles vía bonificaciones sociales.
"El fin del copago farmacéutico es fundamental para la sostenibilidad de unas precarias economías domésticas sometidas a enormes gastos por medicinas y productos sanitarios a causa de sus lesiones o patologías y en pensiones que estén por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI)", ha señalado Mulet.
La derogación del RD 16/2012 que dejaba de financiar muchos medicamentos y productos sanitarios del Sistema de Seguridad Social "se ve como la única mejora posible para muchos pensionistas en situación de vulnerabilidad, una vez desaparecida la urgencia que justificó el Real Decreto".
EQUIPOS SANITARIOS MULTIDISCIPLINARES
Los afectados han manifestado la idoneidad de la existencia de equipos sanitarios multidisciplinares como pieza "fundamental" para la atención integral de los pacientes crónicos, "que se desplazan como un viacrucis para ser visitados por los facultativos, con los consiguientes problemas económicos, laborales y de accesibilidad".
Aquí deberían tener cabida terapias y especialidades como la fisioterapia, psicología o acceso a la salud bucodental, para evitar errores de diagnóstico, desplazamientos, eternización de las listas de espera y mayores costes sanitarios.
El portavoz de Compromís en el Senado coincide que "tales cambios son imprescindibles para que puedan mantener unas condiciones de vida dignas ante la pérdida de calidad y privatización de servicios básicos sufrida".
Así, han reclamado una coordinación con las autonomías para que "no existan diferenciaciones de ningún tipo y la eliminación de la brecha de género en las pensiones, ya que frecuentemente son mujeres las que desempeñan determinadas labores (en el hogar, de cuidado de menores, puestos de responsabilidad) con pensiones claramente inferiores a las de los hombres (175 euros menos de media)".
LEY DE CRONICIDAD
La Plataforma de Jóvenes Pensionistas insiste en la aprobación y aplicación de una Ley de Cronicidad como "protección integral socio-económica para el colectivo de enfermos crónicos, que son un sector vulnerable muy amplio de la población que requiere múltiples servicios y atenciones especiales".
"Las situaciones de desamparo llevan a muchos ciudadanos en esta situación a sobrevivir en pésimas condiciones y tener un gran riesgo de empeoramiento en sus condiciones de salud y en su calidad de vida. Así sería crucial el acceso de este sector a viviendas públicas para no tener que sobreendeudarse", han explicado desde Compromís.
En todo el Estado existen 1.730.000 solicitudes para ser beneficiarios de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). De ellas 1,6 millones se han resuelto pero 330.248 no tienen ningún grado reconocido. Son las comunidades autónomas las obligadas a hacer frente a estos servicios, aunque "no reciben de los Presupuestos Generales del Estado las asignaciones de fondos necesarios para sus sostenimiento, lo que está empeorando de forma progresiva el estado de bienestar de este sector de la ciudadanía".
Compromís presentará una moción en la que pedirá al Gobierno "atender las reclamaciones de estos colectivos, conocer el balance del desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), los fondos que corresponden a las comunidades autónomas para atender a la dependencia de las personas o el fin del copago farmacéutico".
