VALENCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consell ha adjudicado vivienda pública a un total de 3.432 familias con escasos recursos económicos durante esta legislatura mediante el parque público de viviendas. De esta cifra, 1.358 familias corresponden sólo a la provincia de Alicante, 1.800 a la provincia de Valencia y 243 a la provincia de Castellón, según informaron hoy fuentes de la Generalitat.
Del total de las familias que han accedido a un hogar en la provincia de Alicante, 1.203 lo han hecho a través de la fórmula del alquiler y las restantes 155 con la opción de compraventa. Por otra parte, de las 1.831 familias que han accedido a un hogar en la provincia de Valencia, 1.768 lo han hecho a través de la fórmula del alquiler y las restantes 63 con la opción de compraventa. Respecto a la provincia de Castellón, de las 243 familias que han accedido a un hogar, 208 lo han hecho a través de la fórmula del alquiler y las restantes 35 con la opción de compraventa.
Las mismas fuentes recordaron que la Generalitat ha invertido esta legislatura más de 31 millones de euros para mantener y mejorar el parque público de viviendas en la Comunitat, lo que supone la "mayor" inversión autonómica dentro de esta materia.
El Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), que depende de la conselleria de Territorio y Vivienda, es el encargado de baremar todas las solicitudes de acceso que se entregan en sus oficinas para poder proceder en las adjudicaciones por "estricto" orden de necesidad.
Estas familias tienen como denominador común unos "limitados" ingresos que les impiden el acceso a una vivienda digna en el mercado libre o protegido. Durante la actual legislatura, se ha incrementado "de manera notable" la mejora en la gestión del parque público de viviendas, aumentando la inversión económica en este apartado con la finalidad de facilitar al mayor número de familias posible el acceso a una vivienda pública.
Esta bolsa de viviendas permite a los colectivos con mayores dificultades económicas o de integración social, a las personas víctimas de malos tratos, a personas discapacitadas, familias inmigrantes o a los mayores de 65 años, poder acceder a una vivienda digna en las mejores condiciones de mercado.
