VALNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consell ha aprobado un decreto ley de ayudas económicas por valor de 33 millones de euros a trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y a las que han reducido su jornada laboral por conciliación familiar, con motivo de la declaración del estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Las ayudas, que tendrán un importe global máximo de 33 millones de euros, serán concedidas de forma directa y su gestión recaerá en la Agencia Tributaria Valenciana y en Labora, atendiendo a razones de índole organizativa y de eficacia administrativa derivadas del estado de alarma y su finalidad es apoyar económicamente a los trabajadores por cuenta ajena, con rentas bajas, uno de los colectivos considerados más vulnerables, según ha informado en un comunicado la Generalitat.
Se concederán de forma directa a empleados de rentas bajas que presten sus servicios en centros de trabajo radicados en la Comunitat Valenciana, que se encuentren afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo como consecuencia de la suspensión total de sus contratos de trabajo.
La cuantía de la ayuda individualizada ascenderá a 150 euros por persona y su concesión se priorizará en función de la base de cotización de los beneficiarios hasta que se agote el importe global, de forma que tendrán prioridad los trabajadores cuyas bases de cotización sean inferiores
Estas ayudas se imputarán a la línea de subvención que se habilite mediante el correspondiente expediente de modificación presupuestaria, en el capítulo IV del Programa 315.10 "Condiciones de trabajo y Administración de las Relaciones Laborales" del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2020.
Las medidas adoptadas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada (ERTE) persiguen evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo.
APOYO PARA LA CONCILIACIÓN
En cuanto a las ayudas urgentes para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que hayan ejercido el derecho de reducción de su jornada laboral para la atención a menores, mayores o dependientes a su cargo, cuentan con una dotación global máxima de 3 millones de euros.
Estas ayudas se imputarán a la línea de subvención que se habilite mediante el correspondiente expediente de modificación presupuestaria, en el capítulo IV del programa 322.51 "Fomento del empleo", del presupuesto de Labora para el ejercicio 2020.
La cuantía de la ayuda individualizada para las personas trabajadoras que se hayan visto obligadas a reducir su jornada ascenderá a 600 euros, si la reducción de jornada es de entre el 81% y el 100%; de 450 euros, si la reducción es de entre el 61% y el 80%; y de 300 euros, si la reducción es de entre el 50% y el 60% de la jornada.
Las subvenciones se concederán de forma directa y podrán beneficiarse los trabajadores que hayan ejercido los derechos de reducción total o del 50% o más de su jornada laboral para la atención a menores, mayores o dependientes a su cargo, reducción que en muchos casos se ha producido forzosamente con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
El decreto ley, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), faculta al Consell y a las personas titulares de las conselleries de Hacienda y Modelo Económico y de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este decreto ley.
Cabe recordar que estas subvenciones de la Conselleria de Economía Sostenible destinadas a la conciliación de la vida familiar y laboral se suman a los 57,5 millones de euros de ayudas urgentes, ya abrobadas para personas trabajadoras en régimen de autonómos que desarrollen su actividad en la Comunitat Valenciana y se han visto afectadas por la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Estas ayudas ascienden a 1.500 euros en el caso de negocios que hayan tenido que cerrar y de 750 euros para los que, no habiendo sido obligados a cerrar, hayan sufrido disminución ingresos en las condiciones que establece el Real Decreto.
