11 de diciembre de 2019
7 de marzo de 2014

El Consell, en contra de elaborar una ley para reclamar la deuda histórica porque la negociación debe ser "multilateral"

VALENCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha manifestado su criterio contrario a una proposición de ley presentada por el grupo parlamentario Compromís en las Corts Valencianes, en la que planteaba la elaboración de una ley para la recuperación de la conocida como deuda histórica por infrafinanciación del Estado con la Comunitat Valenciana durante el período 2002-2012. La Generalitat destaca que la negociación para conseguirla no puede ser "bilateral", sino "multilateral".

Así, según consta en la proposición de ley y en el criterio del Consell publicado este viernes en el Boletín Oficial de las Corts Valencianes (BOCV), la coalición planteaba que, en virtud de esta norma, se crearía una comisión mixta entre el Consell y las Corts para negociar y gestionar con el Estado el pago de tal deuda.

De este modo, se incluiría un reconocimiento legal de una cifra de 13.449 millones de euros como importe de la deuda histórica acumulada, y la fijación de un mecanismo de compensación de la deuda a las arcas públicas valencianas, con un calendario tope para la negociación con el Ministerio de Hacienda.

Según recuerda el escrito, la Comisión de Expertos de las Corts llevó cabo un diagnóstico desde tres perspectivas: la actual situación financiera de la Generalitat, los "problemas" de los sucesivos modelos de financiación y las "disfunciones" de los mismos puestas de manifiesto durante la actual crisis económica.

No obstante, la Generalitat señala que la "importancia económica" para la Comunitat Valenciana de algunas de las conclusiones formuladas por la Comisión de Expertos, "no debe hacer olvidar la necesaria plurilateralidad de las decisiones a adoptar en relación con cualquier propuesta de reforma del sistema de financiación".

Asimismo, destaca "la eventualidad de intereses institucionales opuestos en la reasignación de los recursos disponibles para todas las administraciones públicas implicadas". Al respecto, indica que la relación de las comunidades autónomas con el Estado en este ámbito no es una relación "bilateral", sino "multilateral", y, por tanto, "cualquier solución de los problemas de financiación de la Comunitat Valenciana se debe llevar a cabo de común acuerdo con el Estado y con el resto de las administraciones autonómicas".

"La revisión del sistema de financiación ha de ser buena para la Generalitat, pero también buena para el resto de las administraciones implicadas", subraya el Gobierno valenciano.

También recuerda que el pleno de las Corts aprobó el año pasado instar al Consell a dirigirse al Gobierno central para solicitar el inicio del proceso de revisión del modelo de financiación actualmente vigente, y que éste se produzca con efectos desde el 1 de enero de 2014, en el que "la distribución de los recursos deberá hacerse acorde con el criterio de necesidad asociado al concepto de población ajustada".

Además, explica que el Consell también ha trasladado al Ejecutivo de España la necesidad de "corregir las diferencias" existentes entre las autonomías relativas a la ratio deuda-PIB, "debido a que dicha deuda, en el caso de la Comunitat Valenciana, deriva de una infrafinanciación".

"UNA LEY NO ES EL INSTRUMENTO MÁS CONVENIENTE"

No obstante, el Gobierno valenciano considera que a pesar del "consenso" que genera entre los grupos parlamentarios de las Corts "el planteamiento de la revisión del actual sistema de financiación y la reivindicación de la denominada deuda histórica, la ley, cuyo contenido se incluye en la proposición de ley Analizada, no parece el instrumento más conveniente".

En esta línea, el Consell señala que su contenido "carece del carácter dispositivo y vinculante inherente a una ley, al menos, para una de las partes a las que, en teoría y por razón de la materia, afectaría", en referencia al Estado.

Así, resalta que la negociación no puede articularse desde una postura de "imposición legal por una de las partes de determinadas condiciones, para las que no se tiene competencia legal y que no pueden vincular a la otra parte" y, por tanto, "debe corresponder, en representación de la Generalitat, al propio Consell, dentro de su acción de gobierno".