El Consell dedica el 0,2% de subida salarial a planes contra fraude fiscal, seguridad ferroviaria y brechas retributivas

Los 9,68 millones se reparten al 50% entre administración y entidades públicas, con 1,6 para homologar a 600 trabajadoras del IVASS

El Consell dedica el 0,2% de subida salarial a planes contra fraude fiscal, seguridad ferroviaria y brechas retributivas
9 de noviembre de 2018 GVA

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha aprobado este viernes la distribución del 0,2% de incremento de la masa salarial adicional de la Generalitat para 2018, consignada por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a planes de empleo y contra el fraude fiscal, la seguridad ferroviaria y romper brechas retributivas en entidades como el Instituto Valenciano de Atención Socio-Sanitaria (IVASS).

De esta forma, la Generalitat reparte 9,68 millones de euros al 50% entre la administración y las entidades públicas que prestan servicios esenciales y estratégicos, mientras que para 2019 y 2020 se distribuirá al 70 y 30%, respectivamente. En concreto, el reparto asigna 3,7 millones para propiciar la promoción laboral de funcionarios, 1,6 a la homologación retributiva de un total de 595 trabajadoras del IVASS y 500.000 euros a vivienda social.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha explicado en la rueda de prensa tras el pleno del Consell que estos recursos pretenden paliar las "deficiencias heredadas" en el sector público, en sectores "especialmente feminizados" y con empresas donde convivían salarios diferentes para las mimas funciones por la coexistencia de convenios colectivos. "Ponemos orden en una situación caótica e injusta", ha aseverado.

La Generalitat ha acordado el reparto tras la Mesa General de Función Pública de este pasado jueves, en la que todos los sindicatos rechazaron la propuesta al considerar que el 0,2% del aumento salarial debía de ir solo a la administración y no al conjunto del sector público. "El Consell entiende que sí, y así lo avalan los informes", ha afirmado Oltra a preguntas de los periodistas, para remarcar que la postura de los sindicatos se debe a una "interpretación formal" y que no hay "divergencias en el fondo".

Con el acuerdo, ha asegurado que la Generalitat ha optado por "en lugar de un reparto lineal del 0,2%, distribuir el incremento de la masa salarial de forma que podamos solventar la brecha salarial en un colectivo tan feminizado con el IVASS, con el 94% de trabajadoras en esta situación".

Paralelamente, la distribución pretende "reforzar" Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) en base a los principios de la ley de seguridad ferroviaria y la próxima aplicación del servicio nocturno en Metrovalencia. "¿Qué sentido tiene aplicar una subida salarial y dejarlo todo igual?", se ha preguntado Oltra.

REPARTO

En concreto, el acuerdo distribuye 3,72 millones a planes de empleo y homogeneización de condiciones laborales, para dar a los funcionarios la oportunidad de promocionarse y corregir las condiciones retributivas de colectivos que perciben menos a pesar de realizar las mismas funciones.

El IVASS recibirá 1,6 millones para la homologación retributiva de 595 trabajadoras de la entidad a través de la adecuación de sus salarios al segundo convenio colectivo de la Generalitat, además de para eliminar la brecha salarial imperante en un sector "especialmente feminizado".

Para dar cumplimiento a la nueva Ley de Seguridad Ferroviaria se asignan 1,58 millones a Ferrocarrils para la creación de nuevos puestos de trabajo y la reclasificación de otros, mientas que un total de 990.378 van para el Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT), con el objetivo de potenciar la lucha contra el fraude fiscal y poner en marcha la Agencia Tributaria Valenciana.

Turisme CV tendrá un total de 856.256 euros para dar cobertura en materia de personal a nuevas sedes de turismo, con la creación de 29 puestos de trabajo. La Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol (EVHA) recibirá 500.000 euros para hacer frente en los dos próximos años a nuevas competencias y actuaciones y cumplir así la Ley de la Función Social de la Vivienda, a través de la creación de puestos de trabajo y la homologación de las retribuciones, lo que alcanzará a un total de 142 trabajadores.

Por su parte, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), con 180.000 euros, podrá mejorar las condiciones de peones y maquinistas de plantas, al tiempo que reforzará la seguridad y salud en el trabajo.

El acuerdo también incorpora la Fundación de la Comunidad Valenciana Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (FCEAM), con un total de 160.378 euros para la reclasificación de puestos de trabajo y su adecuación a un nuevo convenio. Finalmente, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), con un importe de 46.812 euros, adecuará las retribuciones de parte de su personal.

REPARTO AL 50%

La masa salarial del sector público valenciano en 2017 (último ejercicio liquidado) alcanzaba la cifra de 4.844 millones, por lo que el 0,2% asciende a 9.688.000 euros. De esta cantidad, el acuerdo establece que se destinarán 4.752.539 a la Administración, 4.775.083 a los organismos públicos y 160.378 a fundaciones, lo que supone un reparto al 50%.

Desde la Generalitat recuerdan que el aumento se estableció en la Ley de Presupuestos Generales del Estado "después de varios años en los que no se permitían aumentos de masa salarial" y en los que "prácticamente se habían congelado las tasas de reposición", como consecuencia de la aprobación de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Ante esta situación, el Consell aprobó el decreto-ley 3/2018, que modificaba la ley de finales de 2017 de presupuestos autonómicos, con las condiciones del incremento. Este tendrá que contemplar, además de la legislación, actuaciones para la desaparición de la brecha salarial en sectores especialmente feminizados, cobertura de necesidades del transporte colectivo o planes de empleo que permitan la promoción de funcionarios.

El 0,2% también debe destinarse a la reducción de la disparidad de condiciones laborales derivada de la coexistencia de varios convenios colectivos en una misma entidad del sector publico, como consecuencia de "la reestructuración en falso llevada a cabo por el anterior Ejecutivo".

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