VALENCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat Valenciana asegura que la decisión del Gobierno de llevar al Tribunal Constitucional el impuesto autonómico sobre los depósitos en entidades de crédito era "esperado" tras los presentados anteriormente contra los de otras regiones y después de que no se llegara a un acuerdo en la comisión bilateral creada para abordar el tema. Además, el Consell estudia interponer otro recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto estatal sobre depósitos.
Según han indicado fuentes de la Conselleria de Hacienda a Europa Press, el recurso del Ejecutivo era de esperar porque ya fue anunciado por el ministro Cristóbal Montoro y había un plazo de nueve meses para recurrir, con lo que el de este viernes era el último Consejo de Ministro en que se podía acordar la medida.
Según el Gobierno, el recurso se basa en que los tributos que establezcan las comunidades autónomas no pueden recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado y pide la suspensión del artículo 161 de la Ley de la Comunidad Valenciana de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, del 23 de diciembre de 2013.
El Ejecutivo recuerda que la Constitución establece que "la potestad originaria para establecer tributos corresponde al Estado" y que la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades estipula que "los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado".
El Gobierno señala que el hecho imponible de ese impuesto autonómico "coincide" con el de un tributo estatal del mismo nombre, por lo que "incurre en extralimitación competencial".
Desde la Generalitat se incide en que la norma valenciana "está regulada antes" que la del Estado, dado que el gravamen estatal del 0,03 por ciento se acordó en julio de este año con efecto retroactivo desde el mes de enero de 2014, dado que en 2013 se fijó en el 0,0%, con lo que no suponía recaudación impositiva como tal.
Asimismo, han apuntado que el objetivo de recaudación del Gobierno valenciano era de 230 millones de euros con el impuesto autonómico, mientras que con la tasa estatal podrá ingresar 30 millones, algo que en la situación actual "afectará al cumplimiento del déficit".
Las mismas fuentes han destacado que en la norma valenciana tiene "especial atención y cariño" hacia las pequeñas entidades de crédito valencianas, con bonificaciones para que la gran mayoría no pagaran el impuesto, mientras que con el estatal "pagan todas" y no existe "esa sensibilidad".
