Consell.- Modificado el decreto de retribuciones de personal docente e investigador contratado laboral en universidades

Actualizado: viernes, 28 julio 2006 21:28

VALENCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell, reunido en sesión plenaria, ha aprobado hoy modificar el decreto 174/2002 sobre Régimen y Retribuciones del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral en la Universidades Públicas Valencianas y sobre Retribuciones Adicionales del Profesorado Universitario.

De esta forma, hasta el mes de octubre de 2008, las plazas de profesor contratado doctor o de profesor colaborador creadas por la universidad por transformación de plazas de ayudante o de profesor asociado existentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, se proveerán por concurso de méritos, valorando exclusivamente los acreditados de acuerdo con el baremo que al efecto establezca la universidad.

El decreto 174/2002 regula el régimen transitorio de los procesos de selección para la contratación de profesores contratados doctores, profesores colaboradores y ayudantes doctores de quienes con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto hubieran mantenido cualquier clase de relación contractual con la Universidad para realizar funciones docentes e investigadoras.

El Real Decreto 9/2005 amplía hasta el curso 2008/2009 la posibilidad establecida en la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades de que determinadas categorías de profesorado contratadlo puedan permanecer en la situación anterior a la aprobación de esta ley.

Por ello, y al objeto de hacer posible la integración de este personal en las nuevas figuras contractuales y dado que el mismo ya ha acreditado su capacidad en los diferentes procesos selectivos en que ha participado y a través del desempeño de sus funciones, procede completar el régimen transitorio ya previsto en el Decreto 174/2002 del Consell, estableciendo que el acceso a las nuevas figuras contractuales se efectúe a través de un procedimiento que valore exclusivamente sus méritos, con respeto a los principios constitucionales de acceso al empleo público.