VALENCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Sanidad ha recibido un total de 5.504 informes médicos redactados a partir de presuntos casos de violencia doméstica desde 2005 hasta la actualidad. Del total de registros recibidos, el 92,2 por ciento de las personas atendidas fueron mujeres, mientras que el 7,8 por ciento de los supuestos agredidos fueron hombres.
Este documento, implantado en 2005, tiene el principal objetivo de contribuir, desde el ámbito sanitario, a dar una respuesta integral a la violencia de género, según explicó la Generalitat en un comunicado.
El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, señaló que la víctima de malos tratos "necesita una respuesta coordinada entre todos los agentes que velan por su seguridad", de modo que "un modelo unitario y reconocido por todas las administraciones contribuye a garantizar sus derechos y agilizar el procedimiento", aseguró.
Según los datos de los informes, el 66,6 por ciento de las personas adultas atendidas por presunta violencia de género tienen entre 20 y 39 años de edad, el 19,3 por ciento tienen entre 40 y 49 años y el 10,9% superan los 50 años. Sólo el 3,1 por ciento de las personas adultas agredidas son menores de 20 años.
Respecto a la nacionalidad, el 55,8 por ciento de las personas agredidas son españolas, mientras que 21,8 por ciento de los casos de presunta violencia doméstica se han registrado en personas de América Latina; el 10,1 por ciento, de países de Europa del Este; el 6,6 por ciento tienen su origen en personas procedentes de otros países de la Unión Europea; el 3,6 por ciento del Norte de África, y el resto son personas originarias del resto de África, Asia y Norteamérica.
Los informes reflejan también que el 44,5 por ciento de las personas agredidas están casadas o viven en pareja, el 35,1 por ciento son solteras y el 18 por ciento están separadas o divorciadas.
En cuanto a su situación laboral, el 54,1 por ciento de las personas tienen un trabajo remunerado, mientras que el 45,9 por ciento están en situación de desempleo. Además, el 41,8 por ciento están en posesión de los estudios primarios, el 36,9 por ciento de los estudios secundarios, el 11,3 por ciento había cursado estudios universitarios y el 10 por ciento eran personas sin titulación.
El informe redactado por un facultativo constituye una prueba en este tipo de delitos, ya que se emplea como parte de lesiones, para la comunicación al sistema judicial de las observaciones y atenciones realizadas en los centros sanitarios.
El 58,4 por ciento de los casos atendidos por los servicios médicos correspondía a daños físicos y psíquicos, mientras que el 33,9 por ciento era sólo de tipo físico, el 5,5 por ciento sólo de tipo psíquico y el 2,1 por ciento sumaba daños físicos, psíquicos y sexuales.
En el total de casos de presuntos malos tratos por tipo físico y psíquico, existía un antecedente por maltrato en el 45,2 por ciento. Lo mismo ocurre en el 16,7 por ciento de daños físicos y el 10,4 por ciento de daños psíquicos. Sólo en el 18,6 por ciento de los informes no existían antecedentes de maltrato.
EL CAMINO DEL INFORME MÉDICO POR PRESUNTO MALTRATO
Este informe elaborado por facultativos ante presunto maltrato es un modelo oficial que se remite a las instancias judiciales. A su vez, una copia de este informe se entrega a la víctima, para que la presente en caso de denuncia, otra se adjunta a la historia clínica del centro sanitario donde se prestó la asistencia, otra se remite a la Conselleria de Sanidad y otra al departamento de Justicia.
Además de la implantación de este informe, la Conselleria de Sanidad ha establecido, en cada departamento de salud, dentro del Servicio de Atención al Paciente, la figura del coordinador. Su labor, así como la del trabajador social del centro sanitario, es orientar al paciente agredido sobre los pasos a seguir y los recursos disponibles para su protección y apoyo, tanto dentro del sistema sanitario como en los servicios sociales y judiciales.
Por otro lado, la Conselleria ha impartido cursos que abordan el problema de la violencia doméstica, para que los profesionales sanitarios sepan detectar y actuar ante estos casos. Estos cursos se dirigen a médicos generales de centros de salud y de servicios de urgencias, a matronas, enfermeros, trabajadores sociales y técnicos de salud pública.
