ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno del Consorcio para la ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona 11 A6 ha aprobado este lunes por mayoría y con la única abstención del Ayuntamiento de Orihuela, la resolución del contrato de concesión de la obra pública del proyecto de gestión de residuos urbanos de la Vega Baja con la mercantil adjudicataria, la UTE Cespa-Ortiz, participada por el empresario Enrique Ortiz, imputado en las derivadas del 'caso Brugal' relativas a presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el plan Rabasa.
Según ha informado la Diputación en un comunicado, en la propuesta aprobada se ha acordado incoar procedimiento de resolución del contrato por "incumplimiento" del contratista de las obligaciones asumidas en el mismo. Por esta razón, se establece que en caso de resolverse el contrato se procederá a incautar la garantía definitiva depositada por la adjudicataria, que se eleva a 1,9 millones de euros.
La propuesta de resolución pone de manifiesto que la UTE no dispone de los terrenos necesarios para la construcción, por un lado, de la planta de residuos prevista en Albatera y, por otro, de la planta de transferencia que debía albergar Cox. Además, la empresa no ha podido obtener, tal y como se comprometió, las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución de estas infraestructuras.
La presidenta del Consorcio, Luisa Pastor, ha destacado que, mediante este acuerdo "se insta al inicio del expediente de resolución del contrato por causa imputada al contratista por incumplimiento del contrato". Igualmente ha añadido que "en todo este proceso hemos hecho las cosas paso a paso y hemos cumplido en todo momento la legalidad, lo que nos permite hoy adoptar esta decisión".
En el mismo sentido se ha pronunciado el vicepresidente del Consorcio, Javier Sendra, quien ha insistido en que "se están haciendo las cosas con tranquilidad, total legalidad y seguridad jurídica porque había una sentencia que cumplir, y así lo hicimos, y ahora, cuando ha habido incumplimiento del contrato por parte de la concesionaria, es cuando podemos proceder a la resolución del contrato".
Tras el acuerdo de la Junta, se iniciará ahora el expediente para dar audiencia a la mercantil (Cespa Gestión de Residuos Urbanos, S.A. y Enrique Ortiz e Hijos Contratista de obras, S.A) y al avalista (Banco de Santander S.A), que podrán presentar las alegaciones que consideren. Una vez presentadas, si las hubiera, se solicitará el preceptivo informe al Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat y se volverá a someter la decisión a la Comisión y a la Junta del Consorcio para que voten definitivamente la resolución del contrato.
ORIHUELA TEME UNA INDEMNIZACIÓN A ORTÍZ
El representante del Ayuntamiento de Orihuela en el pleno, el miembro de Los Verdes, Manuel Gallud, ha asegurado que la presidenta de la Diputación "amparándose en una aparente inocencia nos quiere llevar a la ruina". "Tras la aparente candidez puede que haya una estrategia poco clara que nos puede llevar a pagar una suculenta indemnización al señor Ortíz", ha manifestado en declaraciones a Europa Press.
Gallud ha justificado la abstención de Orihuela en que "de forma reiterada" han pedido a la presidenta de la Diputación que se adjunte a este procedimiento un informe técnico-jurídico de la Secretaria del Consorcio "que avale la decisión que vamos a tomar, y que no esté basada sólo en informes externos".
Para Gallud, la falta de este informe "supone abrir una puerta a Ortíz para que pueda pedir en los juzgados una indemnización millonaria alegando con la falta de ese informe un defecto de forma en el inicio de este procedimiento" el representante de Orihuela ha cifrado entre diez y quince los millones de la posible indemnización "por la nefasta gestión del PP".
En ese sentido, también ha afirmado que, al no realizar el informe, la Secretaria "es muy lista, ya que no carga el peso de la resolución sobre su espalda, la carga sobre los políticos y hoy además, se ha conseguido involucrar al PSOE en la toma de la decisión.
PARTIR DE CERO
Las plataformas de 'Granja-Cox no al vertedero de transito' y 'Albatera no al vertedero' han estado presentes en este pleno extraordinario. Según ha informado a Europa Press José Domingo Guillén, portavoz de la segunda plataforma citada, tras el pleno sienten "una satisfacción moderada".
Guillén ha dicho que están "contentos porque se nos da la razón en todo lo que hemos venido luchando hasta la fecha, pero esta resolución también abre una incertidumbre sobre lo que ahora va a suceder". En su opinión "lo lógico sería empezar de cero, crear un nuevo plan zonal adaptado a la realidad y a la normativa europea actual".
Al respecto, ha añadido que "no es suficiente con que ahora una empresa que cumpla con la legalidad sea la nueva adjudicataria, es importante que los ciudadanos también podamos participar, aportar ideas, y que se cree un nuevo pliego de condiciones". En ese sentido, ha destacado la importancia de "la concienciación ciudadana, la educación y las campañas, de manera que el reciclaje se produzca en el hogar y no tengamos que depender de macrovertederos".
