ALICANTE, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consorcio de Residuos de la zona XVII ha propuesto la resolución del contrato con la UTE, formada por Cespa Gestión de Residuos Urbanos y Enrique Ortiz e Hijos --imputado en el 'caso Brugal'--, "por incumplimiento del contrato" en la puesta en marcha de la planta de tratamiento para la comarca más meridional de la provincia de Alicante y la segunda más poblada de la provincia con algo más de 390.000 habitantes, según ha anunciado el diputado provincial de Medio Ambiente, Energía, Residuos y Planes Zonales y vicepresidente del Consorcio, Javier Sendra.
El Consorcio engloba a todos los municipios de la comarca, que mantienen el control del 60 por ciento de la entidad, la Generalitat --25 por ciento-- y Diputación de Alicante --15 por ciento--.
En una comparecencia pública este viernes, Sendra ha detallado que "las consecuencias inmediatas son la retención de la garantía total, o sea el aval, que asciende a 1.982.977 euros", y ha avanzado que durante el proceso de rescisión "tanto la mercantil como el avalista tendrán derecho a audiencia".
El vicepresidente ha explicado que los pasos a seguir son: "primero, la presentación de la propuesta y votación en la Comisión de Gobierno del viernes --1 de agosto" y, a partir de ahí "si se respalda y se aprueba la propuesta, se convocará la Junta de Gobierno del Consorcio en la primera semana de septiembre". Desde ahí, se tomará declaración a las partes --empresa y avalista--, y se solicitará "informe preceptivo pero no vinculante" al Consell Jurídic Consultiu y, por último, la Junta de Gobierno deberá aprobar de manera "definitiva" la propuesta de "resolución de la UTE Cespa-Ortiz".
Sin embargo, Sendra no se ha puesto nuevos plazos para la puesta en marcha de la planta de la Vega Baja, aunque ha concretado que "mientras no llegue el informe del Consell Jurídic Consultiu no podemos dar un paso más".
Ha señalado que, después, "el primer paso será que los técnicos del Consorcio", con la participación de las instituciones --Generalitat, Diputación y ayuntamientos--, encuentren un lugar consensuado "para evitar rechazos". De ese modo, será el Consorcio quien "decidirá" en función de consideraciones técnicas la ubicación idónea "de acuerdo a zonas aptas".
Javier Sendra se ha mostrado convencido de que la UTE "nos va a llevar al juzgado. Eso está claro. Aunque vamos a defender los intereses y vamos defender el daño ocasionado".
Según ha remarcado, el contrato establecía que tras su formalización --el 10 de junio de 2013--, la empresa tenía 6 meses para empezar "la solución transitoria" y un año para iniciar la construcción de la planta de transferencia. "No ha podido cumplir. Quién está incumpliendo", se ha cuestionado el diputado provincial.
En consecuencia, los informes han sido elaborados "para buscar la seguridad jurídica. Porque el miedo de todos es indemnizar millonariamente a la empresa por retirarle la adjudicación. Y, en función del criterio del juez que atienda este caso, ya veremos si salimos sin indemnizar", ha esperado Sendra.
Finalmente, el vicepresidente del Consorcio de la Vega Baja ha concretado que una vez resuelto el contrato con la UTE participada por Ortiz se podrá iniciar "otro procedimiento totalmente nuevo, consensuando la ubicación. El proceso judicial se alargará, pero estaremos trabajando".
