Ferrandiz se responsabiliza del arma y explica que fue "un regalo" de un tío suyo "ya fallecido"
ALICANTE, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El constructor Enrique Ortiz ha afirmado este jueves que está "alucinado" de que la Policía hallara un revólver en la sede de su empresa durante uno de los registros en el marco del 'caso Brugal', en julio de 2009, y ha indicado que se enteró de que había esta arma durante el registro.
Ortiz se ha pronunciado así durante el juicio que se ha seguido contra él en el juzgado de lo Penal número 3 de Alicante, en una causa en la que está acusado de un delito de tenencia ilícita de arma por el que el ministerio fiscal le pide un año y medio de prisión. En el banquillo de los acusados también se han sentado otros tres directivos de su compañía, Vicente Ferrandiz, Luis Perea y Miguel Carratalà.
La causa, separada del 'caso Brugal', se inició tras un registro que se practicó en la sede de la empresa del constructor, Cívica, en la Avenida Alfonso X el Sabio, en el que la policía encontró un revólver escondido, envuelto en un trapo y dentro de un sobre en la caja fuerte de la empresa.
Enrique Ortiz ha asegurado, a preguntas del fiscal, que se enteró de la existencia del arma "cuando la policía registró la sede" de Cívica y ha indicado que "el 90 por ciento del tiempo estoy en la calle" por lo que "desconozco el uso que se da a las cajas fuertes. Tengo mis propias cajas en mi casa", ha dicho.
Además, ha subrayado que "de todas mis amistades solo Vicente Ferrándiz" podía tener relación con las armas y ha justificado que por ello fue el nombre que le dio a la Policía. Asimismo, ha zanjado que "nunca he tenido armas" y ha rechazado que "la seguridad de mi casa vaya armada" y se ha mostrado "alucinado" por la existencia del revólver cuando su defensa le ha preguntado al respecto.
En el juicio, el directivo, ya jubilado de la compañía, Vicente Ferrandiz se ha responsabilizado del arma, que según ha reiterado fue "un regalo" de un tío suyo "ya fallecido". Además, ha señalado que depositó el revólver, que carecía de documentación y de registro policial en regla, a principios de 2003 en la caja fuerte porque "era un lugar seguro". Ferrándiz, que ha sido socio del Real Club de Tiro Olímpico de Alicante, ha señalado que su intención era depositarla de manera "momentánea", pero que olvidó su existencia incluso cuando entregó en junio de 2008 las dos armas que usaba en el club de tiro olímpico.
Así, ha insistido en que "es la verdad" y que si ello le acarrea "algún problema, lo asumo" y ha negado que la autoinculpación no era para "salvaguardar a nadie".
Por su parte, tanto Enrique Ortiz, como los otros dos encausados, los directivos Luis Perea y Miguel Carratalà, han manifestado desconocer la existencia del arma. Además, Perea y Carratalá han confirmado que tenían acceso a la caja fuerte para guardar documentación de la empresa, pero que no se percataron del sobre que contenía el arma incautada por la Policía.
A tenor de las pruebas y de los testimonios, el fiscal ha mantenido la solicitud de un año y medio de prisión para todos los acusados por tenencia ilícita de armas.
Por su parte, el abogado de Vicente Ferrándiz ha insistido en que había prescrito el delito y solicita la libre absolución para su representado. Una medida que también ha reclamado la defensa de Ortiz, Perea y Carratalá en base a que "el fiscal no ha aportado ninguna prueba científica" que demuestre que tuvieron contacto con el arma.
