Varias personas se concentran con pancartas a la entrada de la Ciudad de la Justicia de Valencia, coincidiendo con la entrada del exconseller de Solidaridad y Ciudadanía del PP en la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, al que han recibió con el grito d
Varias personas se concentran con pancartas a la entrada de la Ciudad de la Justicia de Valencia, coincidiendo con la entrada del exconseller de Solidaridad y Ciudadanía del PP en la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, al que han recibió con el grito d - Francisco Martínez - Europa Press - Archivo

Actualizado: jueves, 25 julio 2019 19:12

VALENCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Raúl Vidal, ha rechazado este jueves las conformidades alcanzadas entre Fiscalía y los principales acusados en el juicio por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y el fallido hospital de Haití. El representante de la acusación popular se ha opuesto "frontalmente" a estos pactos, ha reivindicado que "no se pueden regalar rebajas de penas" y ha sostenido que estos acuerdos "no vinculan al tribunal, que debe mirar tanto las conformidades como los hechos probados en el juicio".

El letrado se ha pronunciado de este modo durante la exposición de sus conclusiones definitivas en la recta final de este prolongado proceso, correspondiente al segundo juicio del caso, en el que se juzgan dos piezas del conocido como caso Cooperación --2 y 3-- por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

Por estas piezas, Anticorrupción solicitaba 16 años de cárcel para Blasco y pedía como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat. No obstante, la pena más elevada que reclamaba el fiscal era para Augusto César Tauroni, hasta 21 años y medio de cárcel.

Sin embargo, los acuerdos a los que han llegado estos acusados contemplan penas inferiores --de tres años y medio para los principales procesados--. Los acusados que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía son, además de Blasco, Augusto César y Arturo Tauroni; la ex secretaria general de la Conselleria, Tina Sanjuán; el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, así como Alina Indiekina Lisenko y María Isabel Castillo López.

Por su parte, la Coordinadora solicita 16 años de prisión para Blasco, 22 años para Augusto César Tauroni, a quien consideran "cerebro de la trama", y 14 años de cárcel para Llinares.

En una extensa exposición que se ha prolongado por un tiempo de aproximadamente dos horas y media y que ha finalizado con el abogado exhausto, mareado y con el presidente del tribunal reprendiendo al público asistente por sus aplausos, Raúl Vidal ha analizado punto por punto las subvenciones en las que se cometieron supuestamente las irregularidades y ha concluido de su repaso que "se ha desviado dinero de forma vergonzosa y lastimosa".

Ha recordado que de la prueba practicada se ha comprobado, a su juicio, que existían instrucciones para el arreglo de las convocatorias y listas blancas y negras de ONG, para así recordar a qué organizaciones debían dar subvenciones y a cuáles no. Asimismo, ha señalado que "las evaluaciones técnicas se manipulaban de una forma gruesa porque era la única forma de beneficiar a unas organizaciones y a otras no".

El letrado se ha referido también a los regulares ataques que ha recibido por parte de las defensas: "Se ha tratado de señalar a la Coordinadora como rojos que iban contra Blasco. Como una cruzada. En la Coordinadora hay organizaciones internacionales, hay católicas, relacionadas con el PP y el PSOE, con sindicatos... La Coordinadora no tiene color político ni religioso".

Además, ha asegurado que Blasco "no solo quería destrozar la cooperación sino montar una coordinadora paralela": "Se decía que Blasco quería democratizar la cooperación, repartir los fondos. La cooperación era democrática hasta que llegó Blasco porque había concurrencia competitiva y se llevaban los proyectos las organizaciones que se lo merecían y que tenían experiencia. Blasco destrozó la democratización", ha expuesto.

LLINARES Y BLASCO "RECIBIERON DINERO"

También ha cuestionado la acusación popular otro de los puntos que han causado polémica y discusión en este tramo final del juicio, el hecho de que los pactos de los acusados con Fiscalía digan en su relato de hechos que, por ejemplo Blasco, no recibió ninguna dádiva. Al respecto, ha afirmado que "Llinares y Blasco recibieron dinero y así ha quedado acreditado".

Ha defendido que Llinares abrió una cuenta en Miami cuando supuestamente había viajado a Haití y en ella supuestamente recibió 20.000 dólares de Augusto César Tauroni y ha resaltado también que este empresario le dijo al alto cargo de la Conselleria en un correo electrónico 'mañana te pondré los huevos', en referencia implícita al dinero desviado de las ayudas.

Igualmente, ha apuntado que "miles de conversaciones acreditan la amistad entre Blasco y Tauroni", como aquellos en los que el empresario de Alzira supuestamente está estableciendo el reparto de dinero y escribe "5.000 para el 'conill' (conejo)", sobrenombre con el que presuntamente se referirían al exconseller 'popular'.

En cuanto al debate entre la calificación jurídica de los acusados como asociación ilícita o grupo criminal, el abogado de la Coordinadora ha argumentado que "en 2008 se van formando y en 2009 ya son profesionales" y que contaban con los "elementos fundamentales de una trama": "Blasco era el jefe, Llinares el que ejecuta, Augusto César Tauroni el jefe de la organización y su hermano (Arturo) que le ayuda".

"NO DAR LA IMAGEN DE QUE LOS PODEROSOS SALEN DE ROSITAS"

Por todo ello, ha aseverado su oposición "frontal a las conformidades" y ha rechazado las atenuantes que tienen en cuenta los pactos, de confesión tardía y reparación del daño. En este punto, ha expuesto: "No se pueden regalar rebajas de pena. Seamos serios. Confesión tardía ¿Perdón? No entiendo absolutamente nada. Consta todo en las actuaciones, confesión tardía de qué. Que confiesen aquí y no en un papel escondido en un cajón que no aporta absolutamente nada. No podemos dar la imagen de que los poderosos se salen de rositas".

Sobre la supuesta reparación del daño, ha puesto de relieve que Llinares "aporta bienes ya embargados"; Blasco, un bien que es de un tercero, y Tauroni pasa de 15 años a dos años y nueve meses de prisión porque también da "unos bienes que ya tiene embargados". "Va cualquier ciudadano y le ofrece eso a un tribunal y se ríen en su cara", ha denunciado el representante de la Coordinadora.

En conclusión, el abogado de la acusación popular ha zanjado su extensa intervención con un alegato dirigido al tribunal: "Es un supuesto vergonzoso de corrupción, un robo grotesco de fondos de cooperación. Pido a la sala una sentencia justa, que no dicte una sentencia cómoda, que no corte y pegue, que es un hecho gravísimo".

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