VALENCIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El abogado de Enrique Crespo, expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, ha anunciado que recurrirá el auto del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero económico en la gestión de la depuradora de Pinedo, por el que se ha acordado imputar tanto a su representado, como a los padres y al hermano de éste.
Así lo ha expresado el letrado en un comunicado, en el que ha advertido de que la "grave" situación en la que quedan estas personas "será, en gran medida, responsabilidad de quien haya infringido los más elementales derechos de defensa". Asimismo, ha destacado que "no hay absolutamente ninguna opacidad ni ilegalidad en la percepción de los premios, ni en el destino que sus titulares legítimos han dado a los mismos".
El abogado ha afirmado que en su recurso expondrá, con detalle, "las vulneraciones, inexactitudes y contradicciones" que recoge el auto, y ha rechazado las imputaciones --por un presunto delito de insolvencia de responsable delictivo para eludir responsabilidades civiles-- que "tratan de implicar a terceras personas ajenas al proceso judicial de Emarsa".
En este sentido, mantiene que a los familiares de Crespo "se les pretende incriminar vulnerando su presunción de inocencia, así como el derecho a su privacidad", y todo ello "por el simple hecho de la relación de parentesco que tienen con el mismo", ha destacado.
Asimismo, ha manifestado el "total rechazo" a las sospechas y "elucubraciones" que, "sin ningún soporte probatorio", se vierten en el auto judicial, "con abuso para la justificación del mismo de toda suerte de comentarios y noticias aparecidas en los distintos medios de comunicación, carentes muchas de ellas de todo tipo de fiabilidad y rigor". Por el contrario, --dice-- "se omiten otro tipo de informaciones que, aparecidas en sentido contrario, se encuentran mucho más fundamentadas".
Junto a ello, el letrado ha denunciado el "abuso" del secreto de las actuaciones judiciales realizado por el juzgado a instancias de la Fiscalía, "que viene a infringir los más elementales derechos de defensa de las personas a las que se pretende imputar, toda vez que del resultado de la investigación no hay absolutamente ninguna opacidad ni ilegalidad en la percepción de los premios, ni el destino que sus titulares legítimos han dado a los mismos", asevera.
Por último, opina que es "deleznable" la publicidad que se da de los perceptores de tan importantes premios de loterías que, a partir de este momento, "no solamente ellos, si no también sus allegados, están expuestos a toda clase de peligros y amenazas dada la situación de inseguridad por la que atraviesa el país". "La grave situación en la que quedan estas personas --ha agregado-- será, en gran medida, responsabilidad de quien las haya tomado".
