7 de junio de 2020
1 de agosto de 2019

Defensor del Pueblo pide a Interior que no se expulse extranjeros indocumentados que acudan a denunciar un delito

Defensor del Pueblo pide a Interior que no se expulse extranjeros indocumentados que acudan a denunciar un delito
Inmigrantes llegando al puerto, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS/ÁLEX ZEA - ARCHIVO

VALÈNCIA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha recomendado al Ministerio del Interior que no se abra un proceso de expulsión de España a aquellos extranjeros indocumentados que acudan a dependencias policiales a denunciar haber sido víctimas de un delito.

Esta recomendación surje tras la queja de València Acuell por el caso de la mujer hondureña en situación irregular que la policía de Xirivella (Valencia) detuvo y ordenó su expulsión cuando acudió a denunciar una agresión, según ha informado la asociación.

Esta asociación presentó una queja en nombre de la víctima ante el Defensor del Pueblo por esta actuación policial. El Defensor abrió una investigación y ahora ha recomendado al ministerio de Interior que dicte "las instrucciones precisas para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional.

La agresión que sufrió la mujer hondureña a manos del casero de un amigo está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Mislata. La chica tuvo que interponer la denuncia en el juzgado de guardia días después de la agresión porque "no pudo formalizarla en la comisaría de Xirivella al iniciarle los policías el procedimiento de expulsión, que está pendiente de la resolución que adopte la Delegación del Gobierno", según las mismas fuentes.

València Acull ha destacado al respecto que con esta recomendación el Defensor del Pueblo "no solo desautoriza" la actuación de la policía de Xirivella y del delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, quien "justificó el procedimiento de expulsión porque 'así lo marca la ley'", sino que "además pide al ministro que adopte medidas para que no se vuelva a repetir ninguna situación semejante".

Además, la entidad, tras esta comunicación, ha solicitado al Defensor "que amplie su recomendación para que no se incoen procedimientos de expulsión a quienes acudan a realizar cualquier tipo de trámite ante la Policía o Guardia Civil o a interponer una denuncia independientemente de su tipificación".

València Acull pide esta ampliación al tener conocimiento de que también se han dado casos de incoación de expedientes de expulsión a personas que han ido a denunciar la pérdida del pasaporte o a recoger la cartera extraviada.

El Defensor del Pueblo ya requirió en 2004 a la Dirección General de Policía por la misma razón que ahora se ha dirigido directamente al ministro del Interior. En el informe de aquel año, el Defensor explicaba que había conocido informaciones sobre mujeres migrantes irregulares que sufrían violencia por parte de sus parejas que no se atrevían a denunciar por temor a ser expulsadas.

La respuesta policial fue que en estos casos no hacían distinción por nacionalidad o situación administrativa y que ante la concurrencia de infracciones penales y administrativas, "la investigación de la infracción penal prima sobre la incoación del procedimiento administrativo y, sobre ambos procedimientos, se otorga prioridad a la protección y atención a la víctima".

Sin embargo, el Defensor conoció otros casos de personas extranjeras en situación irregular que han sido víctimas de delitos distintos al de violencia de género a las que también se les iniciaba la expulsión cuando acudían a denunciar, según las mismas fuentes.

El Defensor destacaba que ante personas con riesgo de exclusión social, como las extranjeras en situación de irregularidad, "interesa especialmente hacer patente la idea de que las fuerzas y cuerpos policiales están, antes que nada, para perseguir delitos y procurar la puesta a disposición judicial de los que aparezcan como culpables de los mismos".

CAMBIO LEGAL

Por tanto, dirigió otra recomendación a la Dirección General de Policía para que no se incoaran expedientes de expulsión a quienes acudan a denunciar delitos, a la que se contestó que si no se actuaba así se infringiría el ordenamiento jurídico. El Defensor manifestó su "sorpresa" ante esa respuesta por "contradecir el planteamiento que la propia policía había manifestado ante las víctimas de la violencia de género: por encima de todo prevalece la protección y atención a la víctima". El Defensor "no cejó en su empeño y volvió a requerir a la Dirección General de Policía.", según ha destacado València Acull

En el informe del Defensor de 2005 se recogió la respuesta policial que insistía en que si renuncian a incoar la expulsión estarían infringiendo la norma y solicitaba un cambio en el marco jurídico que posibilitara la asunción de la recomendación.

Ese año, el Defensor solicitó a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración que estudiaran la cuestión y "se examinen las vías existentes para acoger el criterio expuesto por el Defensor del Pueblo, evaluándose en su caso la procedencia de instar las reformas legales y reglamentarias que se estimen precisas, para dar una solución satisfactoria al asunto planteado".

Sin embargo, casi dos décadas después, la policía "continúa incoando expedientes de expulsión a quienes acuden a sus dependencias y no tienen regularizada su situación administrativa". Mientras esta situación no cambie, València Acull insta a seguir denunciando cualquier violación de derechos, pero recomienda a quienes no tengan papeles acudir al juzgado de guardia para evitar el riesgo de ser expulsado o expulsada.