ALICANTE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Dos agentes de la Policía Judicial se han personado este martes en el Palacio de la Diputación de Alicante para solicitar información respecto a la operación desplegada en diversas comunidades autónomas, relacionada con los contratos de gestión de policía local. Desde la institución provincial han confirmado esa petición de información, pero han negado que "en ningún caso" se trata de un registro de las dependencias provinciales.
En ese sentido, fuentes de la institución han confirmado a Europa Press, que la Diputación no ha adjudicado contratos a la empresa que aparece en la investigación --Gespol--, aunque sí han incidido en que la información solicitada por los agentes se refería a esa mercantil.
Según las fuentes consultadas, la empresa investigada es una de las dos que se presentaron al proyecto de la institución para el desarrollo de un programa informático que permita la colaboración entre policías locales. Al respecto, han sostenido que es un proyecto que no se ha adjudicado todavía y que surge de los sindicatos de la Policía Local.
Por su parte, en atención a los medios, el vicepresidente primero, Eduardo Dolón, ha explicado que la visita de los agentes ha sido "simplemente" para realizar "un requerimiento de información y no de registro alguno ni de ninguna otra medida excepcional".
Además, Dolón ha avanzado que los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante están preparando un expediente en el que se informará detalladamente de la documentación que se nos ha solicitado que, según ha dicho, "es un procedimiento que entra dentro de la normalidad institucional e interadministrativa y que no implica ninguna otra acción posterior".
Finalmente, ha insistido en que dentro de esta operación llevada a cabo por la UDEF -Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal- ha habido registros en algunos ayuntamientos españoles, "pero no es el caso de la Diputación de Alicante, donde solo se ha procedido a solicitar información".
"Hay que ser prudentes y no aventurar titulares ni hechos que no se han producido. Hay que dejar actuar a la justicia, ser cautelosos y mantener la tranquilidad", ha apostillado.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que junto con Fiscalía Anticorrupción coordina una operación relacionada con contratos de diferentes aplicaciones de gestión policial en unos cuarenta municipios, ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación con presencia policial en organismos como la Diputación de Alicante y las localidades de El Puig, Gandia (Valencia) y Sant Vicent del Raspeig (Alicante).
Los hechos investigados, según la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
