VALENCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, solicitó hoy que se tenga en cuenta al tejido empresarial que actualmente gestiona estos servicios en la autonomía cuando se configure la futura red pública para la dependencia. Así, propuso a la Administración un modelo que permita "integrar con normalidad" la red actual de residencias en la futura red pública prevista por la Ley de Dependencia.
Alberto Giménez explicó en un comunicado que, desde hace más de dos décadas, "se ha configurado un servicio sociosanitario de calidad y con experiencia en nuestra autonomía, que ha demostrado que tiene capacidad para absorber la demanda de atención especializada para personas en situación de dependencia".
El portavoz de la patronal señaló que la mayor parte del sector está configurado por pymes que han desarrollado una oferta "competitiva y equilibrada" en la relación calidad y precio. "Se trata de una iniciativa privada que se ha reconvertido en un servicio público indispensable para mantener el actual estado del bienestar", manifestó Giménez.
Asimismo, comentó que en España, más del 95 por ciento de las empresas son pymes y que, especialmente aquellas encargadas de atender la dependencia, "han crecido con el propio sector, arriesgando su patrimonio en el proceso de adecuación a la demanda y generando unos servicios en los que se manejan unos márgenes de rentabilidad muy ajustados".
Por ello, el presidente de Aerte insistió en que "no sería lógico obviar la actual oferta de plazas y servicios para configurar una nueva red en la que no se integraría a los centros y profesionales con experiencia contrastada en la asistencia a personas en situación de dependencia".
Además, explicó que esta medida afectaría a cerca de 180 entidades y 13.000 profesionales en activo que desempeñan una labor "esencial" en la sociedad actual, esto es, "el cuidado de aquellos que, temporal o permanentemente, se encuentran en una situación de dependencia".
Por tanto, el representante del sector propuso a la Administración un "modelo transitorio" que permita "integrar con normalidad la red actual en la futura red pública prevista por la Ley de Dependencia respetando los principios básicos de la libre elección del ciudadano y de la configuración de una oferta amplia que integre las llamadas plazas de bono y las de accesibilidad".
Según señaló Alberto Giménez, de esta forma, "se amplía la oferta de plazas de la red pública y garantizamos que exista un centro o plaza en un entorno cercano al ciudadano en situación de dependencia, sea esta temporal o permanente, y, además, evitamos el desarraigo".
Para el portavoz de la patronal, se debe tener en cuenta que las personas mayores o con distinta capacidad tienen dificultades de adaptación al entorno y su integración en un centro suele ser un proceso lento, por lo que es "muy importante garantizar su estabilidad y su permanencia en un entorno conocido y controlado".
La red de centros asociados a Aerte atiende a más de 22.000 personas en las tres provincias, según Giménez, quien resaltó que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) prevé que la Comunitat Valenciana cuente con cerca de 120.000 personas dependientes en 2015.
