VALENCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, afirmó hoy que "si hay algún cambio" en la la orden de la Generalitat valenciana que desarrolla la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), desde el Ejecutivo central "estaremos dispuestos a reconsiderar nuestra posición" pero, matizó, "en la medida en que esa normativa siga en vigor, al Gobierno no le queda otra solución que recurrir ante los Tribunales y solicitar la suspensión cautelar de la norma para preservar el cumplimiento de la ley y atender al interés superior de la educación y de los alumnos".
Peralta respondió así a preguntas de los periodistas sobre el recurso interpuesto por el Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), contra la orden de la Generalitat sobre organización pedagógica de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), tras la inauguración de la nueva Oficina de Información y Atención al Cliente de la Estación del Norte de Valencia.
Asimismo, aseguró que, tanto desde el Gobierno como desde la delegación, "se ha intentado conseguir que la normativa autonómica se ajustara a la estatal" pero resaltó que, "tras constatar que esta voluntad no tiene acogida por parte de la Conselleria de Educación, no nos queda otra solución que plantear el recurso ante los tribunales con el objetivo de que se declare que dicha normativa autonómica no se ajusta a la estatal".
Según explicó el delegado del Gobierno, el recurso se interpone en atención a los "muy importantes perjuicios que podrían derivarse para los alumnos si se les aplicara una normativa autonómica que finalmente fuera derogada" y, por ello, en la demanda presentada por el Ministerio de Educación, "se va a solicitar la suspensión cautelar de la normativa autonómica".
Además, Peralta subrayó que el Gobierno concede la "máxima importancia" a que la formación en valores sea un objetivo "indispensable" de todo el proceso educativo, "siguiendo recomendaciones y acuerdos del Consejo de Europa, la Unión europea y otros organizamos internacionales".
"Esta convicción del Gobierno la compartieron en su momento los representantes democráticos y quedó plasmada en la ley aprobada por las Cortes Generales", puntualizó el delegado del Gobierno, quien señaló que, en desarrollo de dicha ley, el Ejecutivo aprobó una determinada normativa que "hoy se aplica en siete comunidades autónomas y a más de 200.000 alumnos con absoluta normalidad".
En este sentido, lamentó que "es precisamente en la Comunitat Valenciana y, como consecuencia de la normativa autonómica, donde se ha planteado un problema que --aseguró-- inmediatamente ha sido asumido en los distintos centros educativos por las organizaciones de padres y los propios alumnos".
