EU de Catarroja denuncia por prevaricación a la alcaldesa, siete concejales del PP y la ex primera edil de UV

Rosa Pérez y Daniel Portillo presentan la denuncia
EU
Actualizado: viernes, 3 julio 2015 13:58

VALENCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los concejales de Esquerra Unida (EU) en Catarroja (Valencia), Rosa Pérez y Daniel Portillo, han presentado una denuncia por prevaricación contra la alcaldesa de la localidad, Soledad Ramón, y la ex primera edil de Unión Valenciana (UV), María Ángeles López, así como contra siete concejales del actual equipo de gobierno, en concreto, Rafael Sanchís, Miguel Francisco Martínez, Agustín Mimbrera, Vicente Comos, David Nacher, Sigrido Fernando y Sandra Alfonso.

La causa de la prevaricación que consta en la denuncia, presentada el pasado martes ante el Juzgado de Instrucción de Catarroja, es "la sistemática contratación temporal en fraude de ley, realizada por los gobiernos municipales, tanto del PP como del PP-UV, que se saldó en diciembre de 2012 con 43 despidos y la privatización de los servicios".

Así, lo ha indicado en un comunicado Esquerra Unida, que ha explicado que siete de las personas despedidos demandaron al Ayuntamiento, que fue condenado al pago de 115.854,19 euros en indemnizaciones.

La concejala Rosa Pérez, redactora de la denuncia, ha explicado que "los denunciados aprobaban las contrataciones eludiendo los procesos de libre concurrencia bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para contratar a quien les daba la gana, en algunos caso incluso a familiares directos de concejales del PP".

Al respecto, ha añadido que "realizaban dichas contrataciones pese a los informes contrarios de la funcionaria responsable de Recursos Humanos", y ha indicado que "algunos de esos trabajadores han demandado al propio Ayuntamiento y han cobrado importantes indemnizaciones", por lo que "si el resto hubiera demandado, también hubieran ganado".

Pérez ha destacado que EU de Catarroja "ha estado denunciando, durante años, estas ilegalidades en los plenos", porque considera que los responsables políticos ahora denunciados "han causado un grave perjuicio a los propios contratados, a los ciudadanos que no pudieron acceder en condiciones de igualdad a un puesto de trabajo porque las plazas no se cubrían de la forma legal y al propio Ayuntamiento y municipio porque dichos servicios han pasado a ser prestados por empresas privadas y porque, de momento, del presupuesto público del Ayuntamiento se han pagado 115.854,19 euros en indemnizaciones".